El balance de los primeros cien días de gestión en la Asamblea Nacional, la asignación de recursos a los municipios y el debate sobre la consulta popular fueron los temas abordados por el asambleísta independiente Cristian Benavides en entrevista con Manavisión Plus. Desde su experiencia como legislador y exalcalde, analizó el rol que cumple el Parlamento, la necesidad de mayor descentralización en el país y los retos que enfrenta el Ejecutivo.
Benavides consideró que los primeros meses fueron un proceso de asentamiento institucional. En ese tiempo se priorizó la designación de autoridades y la instalación de los mecanismos de trabajo. Sin embargo, cuestionó que al inicio existiera un monopolio de la palabra por parte de un solo bloque político, lo que afectó la democracia interna. Según dijo, con el paso de las semanas se ha corregido esa dinámica y ahora existe mayor apertura al debate parlamentario.
Sobre la tramitación de leyes económicas urgentes, recordó que en los primeros meses se aprobaron tres de manera acelerada, cuando normalmente un proyecto tarda años en procesarse. A su criterio, estas iniciativas llegaron con problemas de técnica legislativa, unidad de materia y respeto a derechos, lo que generó observaciones en la Corte Constitucional.
El papel de la Asamblea en los primeros 100 días
Al analizar el desempeño de la Asamblea Nacional, Benavides valoró la corrección aplicada por el presidente del Legislativo, Niels Olsen, quien en las últimas sesiones ha demostrado apertura a escuchar todas las bancadas.
El legislador destacó que esta mejora es clave para recuperar la legitimidad institucional y evitar que la Asamblea sea percibida como un espacio de imposición partidista. En cuanto a las comisiones, reconoció que aún existen tensiones entre las bancadas de la Revolución Ciudadana y ADN, aunque en la Comisión de Gobiernos Autónomos (donde es vicepresidente) se ha buscado trabajar con respeto y equilibrio.
Recursos y descentralización para los municipios
Consultado sobre la situación financiera de los municipios, Benavides recordó que el Parlamento archivó un proyecto que buscaba la asignación automática de alícuotas, pues consideró que la propuesta fue utilizada con fines políticos. Explicó que el mecanismo regular debe ser a través de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) y de acciones legales que obliguen al Ministerio de Finanzas a cumplir con las transferencias.
Defendió su voto a favor del presupuesto aprobado recientemente, porque incluía recursos destinados a saldar deudas con los gobiernos autónomos descentralizados. A su juicio, no se puede responsabilizar solo al Ejecutivo, sino también exigir a los municipios una administración eficiente.
En esa línea, Benavides enfatizó que la descentralización debe ir acompañada de responsabilidad. Recordó que la Constitución reconoce la autonomía municipal, pero que esta se ve limitada por la dependencia de las transferencias estatales. Por ello, propuso que los municipios fortalezcan su capacidad de recaudar ingresos propios mediante ordenanzas y cooperación internacional.
Prefecturas y representación rural
Una de sus propuestas más llamativas es que los prefectos sean elegidos por el voto rural, dado que sus competencias están orientadas a vialidad, agua y desarrollo en el campo. Consideró que esta medida corregiría la práctica de enfocar campañas en ciudades, mientras se descuidan comunidades rurales con necesidades urgentes.
Aclaró que esta idea no excluye la representatividad provincial de los prefectos, pero orienta su gestión a los sectores donde tienen responsabilidades reales. Según dijo, esta iniciativa cuenta con respaldo de varios gobiernos parroquiales y podría plantearse como reforma al Código de la Democracia o como pregunta de consulta popular. Benavides insistió en que la prioridad debe ser un Estado moderno que atienda al campo y no relegue a la ruralidad, como ha sucedido históricamente.
Críticas a la consulta popular
Respecto a la consulta popular planteada por el presidente Daniel Noboa, Benavides expresó que muchas de las preguntas no son urgentes. También cuestionó que el proceso implica un gasto millonario de más de 60 millones de dólares. A su juicio, se trata de una práctica que se ha convertido en una “moda presidencial” desde gobiernos anteriores para medir niveles de aceptación política.
Si bien reconoció que llamar a consulta es una facultad legítima del Ejecutivo, pidió a la ciudadanía analizar cada interrogante. Criticó que algunas preguntas, como la relacionada con los casinos, no atienden problemas estructurales del país.
El legislador sugirió que el Ejecutivo aún tiene la oportunidad de incluir temas realmente trascendentes. Entre ellos destaca salud, educación y seguridad, que son prioritarios para los ecuatorianos.
Fiscalización y responsabilidad local
En su análisis, Benavides también resaltó la importancia del rol de los concejales municipales. Aseguró que estos son la primera autoridad en un cabildo, con capacidad de fiscalizar, sancionar y corregir gestiones deficientes. Recalcó que en la práctica muchos no asumen esta responsabilidad.
Pidió que se fortalezca el papel de los concejales como garantes de la transparencia en el manejo presupuestario y en la ejecución de proyectos locales. Para ello, consideró indispensable que la ciudadanía también exija rendición de cuentas y fiscalización real a nivel territorial.
Finalmente, insistió en que la Asamblea debe dar ejemplo de responsabilidad institucional. Además dijo que el Ejecutivo debe administrar con transparencia las transferencias a municipios y que las autoridades locales deben dejar de lado el show político.
