La Subestación San Juan de Manta, una infraestructura estratégica para el sistema eléctrico en Manabí, se encuentra en el centro de una investigación que podría destapar un nuevo caso de presunta corrupción en el sector energético ecuatoriano.

Mientras el país enfrentaba apagones, racionamientos y una creciente incertidumbre por la crisis energética de 2024, detrás de uno de los contratos emergentes más importantes para reforzar la generación eléctrica se habría desarrollado una trama de presiones, amenazas y supuestas negociaciones irregulares para tomar el control de un negocio valorado en 95 millones de dólares.

La denuncia fue presentada por el exgerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), Gustavo Sánchez Íñiguez, y apunta a una presunta red integrada por empresarios y personas vinculadas al sector eléctrico que habrían intentado apropiarse de un contrato adjudicado para la instalación de generación termoeléctrica en Manta, señala un reportaje del diario El Expreso.

Un contrato estratégico en medio de la emergencia

El origen del caso se remonta a diciembre de 2024, cuando la Unidad de Negocio Termomanabí de Celec adjudicó al consorcio Power Tech Consortium el contrato TMA-CON-0040-24 para implementar un proyecto de generación termoeléctrica terrestre junto a la Subestación San Juan.

La obra era considerada prioritaria debido a la crisis energética que atravesaba Ecuador. El objetivo era incorporar 100 megavatios de generación para fortalecer el abastecimiento eléctrico y reducir el impacto de los apagones que afectaban a hogares, industrias y comercios.

Sin embargo, poco después de la adjudicación comenzaron los problemas para el consorcio ganador. Según la denuncia, el representante de Power Tech Consortium, José Stalin Moreno Salas, tuvo dificultades para conseguir las pólizas de garantía exigidas en el contrato y buscó apoyo financiero para cumplir con los requisitos.

Fue entonces cuando, según su versión, entró en contacto con personas que aseguraban tener la capacidad de ayudarlo a obtener los documentos necesarios. Lo que parecía una gestión empresarial terminó convirtiéndose, presuntamente, en una serie de presiones para que cediera parte o la totalidad del contrato, señala la publicación.

Exigencias, amenazas y presuntos nexos

De acuerdo con los documentos entregados a la Fiscalía, el primer acercamiento ocurrió el 4 de diciembre de 2024 durante una reunión virtual. Allí habría participado Jack Ricardo André Burneo, quien se presentó como un abogado con contactos empresariales capaces de facilitar el proceso financiero.

Según el denunciante, la ayuda ofrecida tenía una condición: entregar el 70 % de participación en el contrato. La propuesta fue rechazada debido a que la legislación ecuatoriana prohíbe transferir este tipo de adjudicaciones.

Las presiones habrían aumentado en los días siguientes. En una segunda reunión virtual, realizada el 5 de diciembre, una mujer de nacionalidad colombiana habría advertido que, si no recibían el 90 % del negocio, el contrato sería terminado.

La situación se agravó en una tercera reunión, celebrada el 9 de diciembre, cuando supuestamente se exigió el control total del consorcio. Según el relato de Moreno Salas, uno de los participantes aseguró tener influencia dentro de Celec y del Ministerio de Energía, e incluso afirmó que podía modificar decisiones relacionadas con el contrato.

La denuncia también menciona la presunta solicitud de un pago de 600.000 dólares y señala la participación de otras personas que habrían intervenido en las negociaciones.

Una investigación que vuelve a poner la lupa sobre Celec

Uno de los elementos que más llama la atención dentro del caso es que, según el denunciante, algunas de las personas involucradas conocían información interna sobre el futuro del contrato antes de que se oficializaran las decisiones administrativas.

La documentación presentada incluye chats, correos electrónicos, fotografías y videos que, de acuerdo con la denuncia, demostrarían la existencia de una estructura dedicada a presionar a contratistas para obtener beneficios económicos aprovechando supuestos contactos dentro del sector eléctrico.

Según la denuncia, el 20 de enero de 2025, Diana Carolina Urgiles Guarderas, quien se identificó como representante de Sipetrol —empresa relacionada con la exploración petrolera y participante en las reuniones previas— remitió al contratista, vía WhatsApp, la resolución de terminación unilateral del contrato completamente firmada, antes de que esta fuera oficialmente notificada, señala la publicación de Expreso.

La Subestación San Juan constituye una infraestructura clave para Manabí. En 2020, el Gobierno Nacional inauguró el sistema de transmisión Quevedo-San Gregorio-San Juan de Manta, una obra de más de 44 millones de dólares destinada a fortalecer el suministro eléctrico de la provincia durante las próximas décadas. (10).