El politólogo, Arturo Moscoso, analizó en el programa Manavisión Plus el desenlace del juicio político que siguió la Asamblea Nacional contra el expresidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy.
Según Moscoso, la renuncia de Mario Godoy al Consejo de la Judicatura, conocida el miércoles, dio paso a la conclusión del juicio político en la Asamblea Nacional, que terminó con su censura e inhabilitación para ejercer cargos públicos durante el período establecido por la ley, en un contexto de cuestionamientos sobre la estabilidad del sistema judicial en Ecuador.
"La salida de Godoy se produjo en medio de un proceso legislativo que se extendió durante varias semanas. El juicio político fue tramitado por la Asamblea Nacional, órgano que tiene la competencia constitucional de fiscalizar otras funciones del Estado", indicó.
Con la resolución adoptada por el Pleno, Mario Godoy quedó censurado, lo que implica su inhabilitación para desempeñar funciones públicas por el tiempo determinado en la normativa vigente.
Moscoso aseguró que tanto la renuncia como la resolución legislativa eran decisiones que se anticipaban dentro del escenario político nacional.
Proceso legislativo y cambios en la Judicatura
El juicio político contra Mario Godoy se desarrolló conforme a los procedimientos establecidos en la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La censura fue aprobada tras el debate en el Pleno.
En el transcurso del proceso se evidenciaron variaciones en las posturas de distintas bancadas respecto a la destitución.
El trámite legislativo coincidió con cuestionamientos sobre la designación de una presidencia interina en el Consejo de la Judicatura, recordó el analista.
Rol del Consejo de Participación Ciudadana
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) es la entidad encargada de seleccionar a la autoridad titular de la Judicatura. Por ello, tras la censura, el proceso de designación deberá continuar en esa instancia.
El CPCCS también tiene entre sus atribuciones la selección de otras autoridades de control, como el fiscal general del Estado. La proximidad de ese proceso mantiene la atención pública sobre los mecanismos de designación.
De acuerdo con lo señalado por Moscoso, los procesos de selección de autoridades suelen generar debate político, debido a la relevancia de los cargos y a su incidencia en la administración de justicia.
Contexto institucional desde 2011
Desde la consulta popular de 2011, el Consejo de la Judicatura ejerce funciones administrativas y disciplinarias sobre la Función Judicial. Su presidente tiene un rol determinante en la gestión del sistema judicial, explicó Moscoso.
Añadió que la coyuntura actual ha vuelto a poner en discusión el diseño institucional adoptado tras esa reforma, particularmente en lo referente a los mecanismos de control y nombramiento de autoridades.
Según datos de encuestas públicas citadas por analistas, la confianza ciudadana en la justicia se mantiene en niveles bajos en comparación con otras instituciones del Estado.
Lo que sigue tras la censura
Con la censura ya resuelta, el siguiente paso corresponde al CPCCS, que deberá completar el proceso para designar al presidente definitivo del Consejo de la Judicatura. Mientras tanto, la institución opera con una presidencia interina.
El escenario coincide con la próxima elección del fiscal general del Estado, proceso que también será conducido por el CPCCS.
La evolución de estos procedimientos será relevante para la administración del sistema judicial ecuatoriano y para el funcionamiento de los organismos de control, en un contexto de seguimiento permanente por parte de actores políticos y ciudadanía.
