El escenario político ecuatoriano vivió una jornada decisiva tras la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional. Con un respaldo de 148 votos afirmativos, el Legislativo procedió a la censura y destitución de Mario Godoy, quien se desempeñaba como presidente del Consejo de la Judicatura. La decisión se tomó bajo el argumento de una manifiesta inoperancia en el ejercicio de sus funciones, marcando un precedente en el control disciplinario de la Función Judicial.
Esta determinación se fundamentó estrictamente en el marco legal vigente, citando el numeral 3 del artículo 255 del Código Orgánico de la Función Judicial. Asimismo, el proceso de juicio político se amparó en el artículo 131 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La ausencia del interpelado durante la sesión no impidió que el órgano parlamentario emitiera su veredicto final sobre la gestión del funcionario.
Renuncia y postura oficial del Legislativo
Antes de que se concretara la votación en el Pleno, Mario Godoy remitió una misiva dirigida a Niels Olsen, presidente de la Asamblea Nacional, presentando su renuncia irrevocable. Pese a este intento de eludir el proceso parlamentario, el enjuiciamiento político continuó su curso legal. La máxima autoridad del Parlamento subrayó que la resolución no representa el triunfo de una fuerza política específica, sino el respeto irrestricto a los procedimientos democráticos.
Niels Olsen destacó que la votación demostró madurez y transparencia por parte de los legisladores, quienes actuaron con responsabilidad institucional. La salida de Mario Godoy del cargo implica, además de la destitución inmediata, una sanción administrativa de gran peso. Según el artículo 85 de la LOFL, el exfuncionario queda inhabilitado totalmente para ejercer cualquier cargo en el sector público durante un periodo consecutivo de dos años.
Detalles del proceso de fiscalización
El juicio político contra Mario Godoy tuvo su génesis en la Comisión de Fiscalización y Control Político, donde se sustanció la solicitud inicial. Durante la lectura del informe, los asambleístas interpelantes, Viviana Veloz y Franklin Samaniego, expusieron las razones del incumplimiento de funciones. Se señaló que el hoy censurado falló en garantizar la independencia judicial y en ejercer un control disciplinario efectivo sobre los servidores judiciales.
Uno de los puntos más críticos de la acusación fue la supuesta falta de protección a magistrados que enfrentaban graves amenazas contra su integridad. Los interpelantes enfatizaron que Mario Godoy no actuó con la probidad y transparencia necesarias para liderar la administración de justicia. La legisladora Viviana Veloz calificó el acto como una defensa institucional necesaria para que la ciudadanía recupere la confianza en el sistema legal del país.
Argumentos sobre presiones y falta de eficacia
Por su parte, el legislador Franklin Samaniego centró gran parte de su argumentación en las presuntas presiones indebidas ejercidas contra la jueza Nubia Vera. Este tipo de señalamientos reforzaron la tesis de que Mario Godoy no cumplía con el perfil de transparencia requerido para el cargo. En el debate, se reiteró que el poder público debe estar sujeto siempre al escrutinio y la rendición de cuentas ante los organismos competentes.
La legisladora Ana Belén Tapia, quien presentó la moción de censura, aclaró que este proceso no se trata de una revancha política, sino de una garantía institucional. Para la asambleísta, la gestión de Mario Godoy representaba un estancamiento en la lucha por una justicia eficiente. Tras su intervención, se consolidó el apoyo mayoritario para sancionar la inacción administrativa observada durante el periodo de gestión del ahora exvocal.
Inoperancia frente a la crisis de seguridad
El informe de la Comisión de Fiscalización concluyó que la gestión de Mario Godoy fue deficiente e ineficaz, especialmente en un contexto de crisis de seguridad nacional. Se criticó que, ante atentados y amenazas directas del crimen organizado, la respuesta institucional se limitara a trámites burocráticos excesivamente lentos. Esta falta de agilidad fue interpretada como una negligencia que puso en riesgo la operatividad de la justicia ecuatoriana.
Ferdinan Álvarez, presidente de la mesa de Fiscalización, defendió la tecnicidad del informe, asegurando que se trabajó sin cálculos políticos. Otros legisladores como Xavier Lasso y Mariana Yumbay coincidieron en que Mario Godoy no estuvo a la altura de los desafíos que enfrenta la Función Judicial. La falta de resultados concretos en la vigilancia disciplinaria fue el detonante para que diversas bancadas se unieran en la votación de censura.
Notificaciones y cumplimiento de la resolución
Una vez ejecutada la destitución de Mario Godoy, la Asamblea Nacional notificará de manera inmediata al Ministerio de Trabajo para el registro de la prohibición de ejercer cargos públicos. Del mismo modo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social será informado para que inicie los trámites de reemplazo conforme a la ley. Este paso asegura que la acefalía en el organismo se resuelva bajo los marcos legales pertinentes.
Con esta acción, el Parlamento reafirma su facultad de fiscalización y control político sobre las autoridades del Estado. La salida de Mario Godoy marca el cierre de un capítulo polémico en el Consejo de la Judicatura, buscando abrir espacio a una administración con mayor transparencia institucional. El proceso concluyó garantizando el debido proceso y respetando las garantías establecidas en la Constitución, enviando un mensaje claro sobre la responsabilidad pública.
