La jueza María Lourdes Guamagnate, de la Unidad Judicial Multicompetente de Sucre en Quito, suspendió el 12 de septiembre de 2025 el concurso de renovación de los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE).
La medida respondió a una Acción de Protección presentada por Ramiro José Garzón Larco, quien cuestionó el concurso organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Suspensión judicial y motivos
Guamagnate acogió la solicitud de Garzón Larco, que planteó dudas sobre la transparencia del concurso de méritos y oposición en curso. La decisión detuvo de forma provisional las actividades previstas en el calendario del proceso.
El CPCCS había programado para el 15 de septiembre a las 10:00 la prueba escrita de los postulantes, así como un simulacro general el domingo 14. Dichas actividades buscaban garantizar el correcto funcionamiento de equipos y procedimientos.
En su cuenta oficial de X, el CPCCS calificó la resolución judicial como un “nuevo abuso en la aplicación de las garantías jurisdiccionales” y ratificó que la suspensión afecta directamente la renovación de la máxima autoridad electoral.
Respuesta institucional y efectos inmediatos
El presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, informó que 162 postulantes debían participar en las pruebas planificadas. Con la suspensión, estas quedaron sin efecto hasta que se resuelva el litigio.
El organismo aseguró que defenderá la validez del proceso ante las instancias correspondientes. Fantoni agregó que el CPCCS cumplió con todas las etapas reglamentarias previstas para garantizar igualdad de condiciones a los aspirantes.
La audiencia pública para tratar la Acción de Protección quedó agendada para el 3 de octubre de 2025 a las 09:00 en la Unidad Judicial. En ella se definirá si la medida cautelar se mantiene o se revoca.
Contexto del concurso y relevancia
El concurso de renovación de vocales del CNE es parte de los procesos anuales del CPCCS, encargados de la designación de autoridades de control y organismos del Estado.
La paralización temporal genera preocupación porque coincide con la preparación de futuros comicios, donde la estabilidad y legitimidad del CNE resulta esencial. El organismo electoral es responsable de organizar elecciones, garantizar transparencia y supervisar la democracia interna de partidos.
En años anteriores, suspensiones similares han retrasado designaciones clave y generado tensiones entre instituciones. La actual resolución reactiva el debate sobre el uso de las acciones de protección en procesos de interés nacional.
