La madrugada de este 10 de febrero de 2026, la Fiscalía General del Estado ejecutó un operativo que resultó en la retención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, junto a su hermano Antonio Álvarez, actual presidente del club Barcelona SC. Esta acción judicial, enmarcada en el denominado caso Goleada, investiga presuntos delitos de delincuencia organizada vinculados a lavado de activos y defraudación tributaria, según informaron las autoridades nacionales.
El burgomaestre Aquiles Álvarez fue interceptado en su domicilio, donde la Fiscalía reportó que no portaba el grillete electrónico correspondiente a una investigación previa. Esta situación ha desatado una ola de reacciones inmediatas, especialmente desde la bancada de Revolución Ciudadana, cuyos integrantes califican el suceso como una clara muestra de persecución política y un intento de desviar la atención pública.
Denuncias de la Revolución Ciudadana ante la justicia
Desde la bancada de la Revolución Ciudadana, el rechazo fue contundente y unánime, señalando que hoy el país "desayunó dictadura". Los legisladores sostienen que la captura de Aquiles Álvarez es una maniobra para proteger a figuras cercanas al Ejecutivo y elevar índices de aceptación gubernamental. Consideran que el proceso es una afrenta no solo a Guayaquil, sino a toda la institucionalidad del Ecuador.
La asambleísta Paola Cabezas enfatizó que ya no se guardan ni las "formas" en el sistema judicial, relacionando la retención de Aquiles Álvarez con cambios irregulares en el Consejo de la Judicatura. Para la legisladora, estos movimientos confirman que no se busca justicia, sino que se ha consumado un golpe a la función judicial bajo un modelo de gestión tiranizado.
El rol de Antonio Álvarez y la familia en el proceso
La investigación no solo alcanza a la máxima autoridad municipal, sino también a su hermano Antonio Álvarez, quien preside el Barcelona SC, y a su otro hermano Xavier. La detención de Antonio Álvarez ha generado conmoción en el ámbito deportivo, mientras la justicia busca determinar roles específicos dentro de la presunta red. Los hermanos fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad para los trámites de ley respectivos.
Para el asambleísta Raúl Chávez, la figura de Aquiles Álvarez representa hoy la de un "preso político" que sufre represalias por denunciar nexos oscuros en el poder. Chávez sostiene que este operativo es una cortina de humo diseñada por operadores estatales para ocultar los problemas estructurales y la falta de gestión que realmente afectan a la ciudadanía.
Solidaridad regional y defensa de la autonomía local
La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, también manifestó su respaldo absoluto al alcalde Aquiles Álvarez, exigiendo el respeto irrestricto al debido proceso. Pabón rechazó el uso de la guerra judicial para resolver conflictos de índole política, argumentando que la dignidad de las autoridades electas es un pilar fundamental para la democracia que debe protegerse de cualquier arbitrariedad institucional.
Por su parte, la vicealcaldesa Tatiana Coronel destacó que Aquiles Álvarez ha sido una de las voces de oposición más frontales contra el desgobierno. Según Coronel, mientras el sistema judicial actúa con asimetría y celeridad contra un opositor, otros casos graves de corrupción avanzan con parsimonia. La funcionaria aseguró que defender al alcalde es defender el derecho a la fiscalización.
Contexto judicial y vigilancia en la capital
El traslado de Aquiles Álvarez hacia la ciudad de Quito ha movilizado a sus seguidores y aliados políticos, quienes prometen estar vigilantes ante cada paso del proceso. La defensa técnica del alcalde insiste en que no existen fundamentos claros para esta retención y que se ha vulnerado el ejercicio democrático de una autoridad que siempre ha defendido la autonomía de los gobiernos locales.
El escenario actual sitúa a Aquiles Álvarez en el centro de una batalla legal que, según sus coidearios, busca silenciar las voces que exponen la crisis del sistema. La Revolución Ciudadana ha ratificado que no dejarán de denunciar lo que consideran un abuso de poder, manteniendo su postura firme en que el país no debe callar ante lo que denominan un acto maquiavélico.
