Tres personas fueron sentenciadas a 13 años de prisión por el delito de extorsión en Quito. El Tribunal Primero de Garantías Penales, con sede en Quitumbe, dictó la condena este martes, según informó la Fiscalía General del Estado.Los sentenciados son Fredy V. A., Roberto A. A. y Mónica de los Ángeles V. P. El tribunal determinó que Fredy V. A. y Roberto A. A. actuaron como autores directos, mientras que Mónica de los Ángeles V. P. fue considerada autora mediata.

Además de la pena privativa de libertad, los tres deberán pagar una multa equivalente a 80 salarios básicos unificados. Los hechos se registraron el 1 de agosto de 2025. La víctima recibió mensajes extorsivos en su teléfono celular en los que una persona, que se identificó como miembro del grupo delictivo "Los Lobos", exigió el pago inmediato de 9 mil dólares bajo amenaza de atentar contra su vida y la de su familia.

Extorsión, uno de los delitos más comunes de Ecuador 

Aunque la víctima mantenía una deuda original de 3 mil dólares con Mónica de los Ángeles V. P., esta intentó cobrar una suma superior mediante la intervención de Fredy V. A. y Roberto A. A., quienes realizaron las amenazas, según la acusación fiscal. Durante la audiencia de juicio, la Fiscalía presentó el testimonio de la víctima y audios extraídos de los teléfonos celulares de los procesados, que evidenciaron las exigencias económicas y las amenazas.

Agentes de la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase) de la Policía Nacional participaron en la investigación y en la aprehensión de los acusados.La sentencia se fundamentó en el artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica el delito de extorsión. Además, se aplicó la circunstancia agravante prevista en el artículo 47, numeral 5, del mismo cuerpo legal, por haber sido cometida la infracción con la participación de dos o más personas.

Denuncia oportuna permitió lograr la sentencia

Este caso refleja la acción de las autoridades judiciales y policiales frente a modalidades de extorsión que combinan deudas legítimas con amenazas de violencia, una práctica reportada con frecuencia en diferentes sectores de Quito y otras ciudades del país.

La Fiscalía General del Estado ha enfatizado la importancia de la denuncia oportuna y el uso de evidencia digital, como mensajes y audios, para sustentar acusaciones en este tipo de delitos. La sentencia es de primera instancia y las partes procesales pueden interponer los recursos previstos en la ley.