La Fiscalía General del Estado realizó este miércoles 8 de octubre allanamientos en Guayaquil y Samborondón como parte de una investigación por presunto lavado de activos, originada en un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). El operativo involucró a seis personas naturales y cinco personas jurídicas, con indicios de movimientos financieros sin justificación económica o comercial. Presuntamente, una de las viviendas allanadas correspondería al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y otras a sus hermanos.
La diligencia, ejecutada por la Fiscalía de Antilavado de Activos con apoyo de la Policía Nacional, se centró en recabar evidencia clave para sustentar la fase de investigación previa, etapa reservada por ley. Según la institución, los agentes incautaron documentos, teléfonos celulares, computadoras y otros elementos que serán sometidos a peritajes especializados. Estos indicios estarían relacionados directamente con los hechos bajo escrutinio, aunque la Fiscalía no ha revelado detalles sobre montos específicos, operaciones financieras o identidades completas de los investigados.
Diligencias iniciales en delitos financieros
La UAFE, entidad adscrita al Ejecutivo y dirigida por Julio José Neira, generó el ROII al detectar transacciones inusuales que podrían integrar fondos ilícitos al sistema económico legal, un proceso que incluye colocación, estratificación e integración de activos de origen delictivo. Esta unidad técnica coordina estrategias nacionales contra el lavado de activos, conforme a la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y representa a Ecuador en foros como el GAFILAT. En contextos similares, como el caso del Hospital de Pedernales, un ROII previo identificó perjuicios estatales superiores a los 8 millones de dólares.
Por su parte, mediante una publicación en su cuenta de X el alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez indicó que ” Quieren volumen para distraer todos sus problemas, no se los voy a dar. Aquí seguimos parados y seguiremos parados. Ya todos saben cómo actuar este gobierno”
Nada va a empañar la fiesta de mañana en Guayaquil.
Quieren volumen para distraer todos sus problemas, no se los voy a dar.
Aquí seguimos parados y seguiremos parados. Ya todos saben cómo actuar este gobierno, siempre jodiendo antes de las fiestas de Guayaquil.A las 10:30… pic.twitter.com/gHHELe6MKQ
— Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) October 8, 2025
Investigaciones previas
Álvarez enfrenta paralelamente el caso Triple A, iniciado en julio de 2024 por denuncia de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCH). Este expediente indaga la presunta comercialización ilegal de hidrocarburos, involucrando almacenamiento, transporte y distribución de derivados del petróleo en zonas fronterizas. La causa derivó en allanamientos a gasolineras de la empresa Copedesa S.A., propiedad familiar del alcalde, y procesó a 16 personas naturales y seis jurídicas, incluyendo a Álvarez como presunto autor.
En septiembre de 2025, la Fiscalía solicitó prisión preventiva para Álvarez por incumplimiento de presentaciones periódicas, aunque un tribunal rechazó la medida y ratificó el uso de grillete electrónico como cautela alternativa. El juez Renán Andrade admitió el indictment en julio de 2025, citando 250 elementos de convicción, y el caso avanzó a juicio oral pese a suspensiones previas por motivos médicos alegados por la defensa, como hipertensión y miocardiopatía. Según el artículo 264 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), este delito conlleva penas de tres a cinco años de prisión. (39)
