El gobierno de Daniel Noboa dio paso a la eliminación del subsidio al diésel este viernes 12 de septiembre de 2025 en Quito, Ecuador, elevando su precio de $ 1,80 a $ 2,80 por galón para ahorrar $ 1.100 millones anuales y combatir el contrabando, desatando un intenso debate entre sectores empresariales que lo aplauden y organizaciones indígenas y laborales que lo rechazan por su impacto en los vulnerables.

El anuncio, realizado en cadena nacional por ministros como Sariha Moya de Economía y Roberto Luque de Transporte, representa un hito en la reforma de subsidios implementados desde 1974. Esta medida, que se suma a la eliminación previa de subsidios a gasolinas Extra y Ecopaís en 2024, busca equilibrar las finanzas públicas y cumplir con exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) para un préstamo de $ 5.000 millones entre 2024-2028. El ahorro proyectado, $ 1.194 millones en la Proforma 2025, se redirigirá a bonos para 55.000 familias y compensaciones a transportistas, evitando alzas en pasajes públicos.

El precio del diésel subió un 55,6%, impactando transporte, agricultura y la canasta básica. Fuentes oficiales justifican la decisión: “Los recursos desviados a mafias y contrabando ahora beneficiarán al pueblo”, afirmó Moya. Auditorías previas revelaron pérdidas de $ 200 millones en robos de combustibles entre 2022-2024, financiando minería ilegal y narcotráfico. El gobierno promete 18 medidas de compensación, como bonos de que van desde $ 400 hasta $ 1.000 mensuales a 23.300 choferes durante ocho meses y créditos “7×7” de $ 100 millones de BanEcuador para tractores.

Rechazo de sectores populares e indígenas por la eliminación de subsidio

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) emitió un comunicado el mismo viernes 12 de septiembre de 2025 en Quito, rechazando la medida como un “paquetazo neoliberal”. Leonidas Iza, presidente de la CONAIE, denunció que se encarecerá la producción campesina y el transporte comunitario, afectando a millones de familias indígenas y pobres. “Ignoraron nuestra propuesta de focalizar subsidios en PYMES y agricultores, que generaría $ 1.200 millones sin golpear al pueblo”, afirmó Iza. La organización invocó el derecho a la resistencia y convocó asambleas permanentes para movilizaciones, recordando paros de 2019 que duraron 11 días y causaron 8 muertes.

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) expresó rechazo en un comunicado, argumentando que el alza del 55% impactará la inflación y la canasta básica, profundizando la crisis social. “La política de Noboa no resuelve problemas de los trabajadores”, declaró el presidente del FUT, exigiendo cobro a evasores fiscales, moratoria de la deuda externa y aumento del ISD al 5%. El FUT reafirmó su compromiso por “trabajo, seguridad y salarios dignos”.

La Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) se unió al rechazo, llamando a un frente de unidad con secundarios y jóvenes campesinos. “Este paquetazo golpea a la juventud y precariza la vida estudiantil”, expresaron, anticipando protestas firmes. En redes, usuarios como @SerPlaton abogaron por combustibles limpios para complementar la medida.

Apoyo desde el sector económico y empresarial

Sectores empresariales respaldaron la medida. El Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), la Cámara de Industrias y Producción (CIP) y la Cámara de Comercio de Quito emitieron comunicados el 13 de septiembre de 2025, elogiándola como “necesaria y responsable”. “Fortalece la competitividad y reduce economías ilegales”, afirmaron, destacando el ahorro fiscal para un Ecuador sostenible. El Consejo Empresarial Ecuatoriano-Panameño (CEEP) coincidió: “Es un paso hacia la eficiencia productiva”.

El exministro de Finanzas Mauricio Pozo se pronunció a favor: “Es adecuada y necesaria; el diésel tenía un precio menor al internacional, dando un rumbo certero a la política económica”. El comunicador Carlos Andrés Vera, en X, celebró: “Excelente medida histórica. No solo ahorra fiscalmente, sino que frena el contrabando a Colombia, minería ilegal y transporte de droga”. Vera señaló que el subsidio financiaba economías ilícitas con “vehículos fantasma”, y que el nuevo precio de USD 2,80 reduce márgenes de ganancia criminales, aunque advirtió sobre robos de combustibles que causaron pérdidas de $ 200 millones entre 2022-2024.

El exvicepresidente Alberto Dahik, también en X, la calificó de “económicamente correcta y moralmente imprescindible”: “Desde 1974, representó más que la deuda pública; era una inmoralidad colectiva”.

Reacciones de transportistas y sociedad

Los gremios de transportistas reaccionaron con sorpresa. El presidente de la Cámara de Transporte Pesado, Héctor Pérez, convocó reuniones para el 15 de septiembre de 2025: “Es necesario, pero debe socializarse”. Algunos sospechan acuerdos gubernamentales con dirigentes. El gobierno promete bonos de $ 400-1.000 mensuales a 23.300 choferes durante ocho meses, y 18 medidas de compensación, como créditos “7×7” de USD 100 millones de BanEcuador para tractores.

La Federación Nacional de Transporte Interprovincial (Fenacotip) no se ha pronunciado formalmente, pero en intentos previos de eliminación en gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, generó protestas masivas. Pablo Carlosama, de la Asociación de Transporte Pesado, calificó el tema como “álgido” y convocó reuniones. Carlos Brunis, de la Cámara de Transporte de Pichincha, anunció una sesión extraordinaria, sospechando acuerdos entre el gobierno y dirigentes nacionales.

En redes, opiniones divididas: @CynthiaGelliber celebró el fin del “negocio de corruptos y contrabandistas”, mientras el movimiento Pachakutik denunció “engaño a los poderosos”. El Periodismo Público Ecuador reportó apoyo de organizaciones empresariales e industriales, calificándolo como “necesario y responsable”.

Contexto histórico de subsidios y protestas

Los subsidios a combustibles datan de 1974, costando $ 3.093 millones en 2024, según la Proforma 2025. Intentos previos, como en 2019 bajo Lenín Moreno, generaron paros nacionales con 8 muertes y miles de detenidos. Guillermo Lasso retrocedió en 2021 ante protestas indígenas. Noboa optó por un enfoque gradual: eliminó subsidios a atuneras en junio de 2025 (ahorro USD 42 millones) y a aerolíneas en 2024 (USD 595 millones).

El FMI exige estos ajustes para el préstamo, reduciendo el déficit del 5% del PIB en 2023. Sin embargo, el impacto en la inflación podría elevar la canasta básica un 2-3%, según Freddy García de Andersen Ecuador. En 2025, Ecuador proyecta un gasto en subsidios de $ 2.504 millones, un 19% menos que en 2024, impulsado por precios internacionales bajos del petróleo.

Impacto y perspectivas futuras

La medida genera tensiones, con el gobierno enfatizando transparencia y el ahorro para 55.000 bonos de Desarrollo Humano. Mientras transportistas analizan impactos, indígenas y trabajadores preparan resistencia, Ecuador enfrenta un debate crucial sobre equidad económica. El Comité Empresarial urgió monitoreo para evitar alzas en precios, y la CONAIE anticipa movilizaciones que podrían escalar como en 2019.

En un país con 4.619 homicidios en el primer semestre de 2025 (un 47% más que en 2024, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado), la estabilidad social es clave. La eliminación del subsidio, aunque fiscalmente positiva, pone a prueba el equilibrio entre austeridad y protección social en tiempos de crisis.