La discusión sobre la consulta popular en Ecuador se reactivó el pasado martes, cuando el presidente de la República remitió un nuevo paquete de siete preguntas a la Corte Constitucional. Entre propuestas reformuladas y otras inéditas, se busca ampliar el abanico de temas a consulta, aunque solo una tiene dictamen confirmado.
El abogado constitucionalista Salin Zaidan, en entrevista con Manavisión Plus, analizó el panorama actual, explicando que el proceso avanza con distintos ritmos según el tipo de propuestas.
Por ahora, la única pregunta confirmada corresponde a la reforma parcial del artículo 5 de la Constitución sobre bases militares extranjeras, que ya superó los dos debates en la Asamblea y obtuvo dictámenes favorables tanto de vía como de contenido, puntualizó el jurista.
Según Zaidan, otras iniciativas como la reducción de asambleístas, la contratación por horas en el sector turístico y el financiamiento de organizaciones políticas aún están a la espera de un segundo dictamen de la Corte. Ese trámite podría tardar hasta veinte días, lo que significa que, de momento, se vislumbra un escenario con apenas cuatro interrogantes en firme.
Reformulaciones para evitar rechazos
El experto recordó que varias preguntas han debido ser replanteadas tras observaciones de la Corte. Un ejemplo es la consulta sobre el retorno de los casinos, inicialmente rechazada porque planteaba tres cuestiones simultáneas: reapertura de casinos, creación de un impuesto y financiamiento de programas sociales. Detalló que la Corte no puede aprobar preguntas con más de un tema, según lo establece el artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías.
En la nueva propuesta, el Ejecutivo plantea únicamente el retorno de los casinos, lo que para Zaidan aumenta las posibilidades de aprobación. Otro caso es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). La supresión de este organismo fue rechazada en ocasiones anteriores porque se tramitó como enmienda, cuando lo procedente era la vía de reforma parcial al afectar la estructura del Estado.
Ahora, el presidente plantea trasladar a la Asamblea la facultad de designar autoridades, dejando de lado la eliminación total del Consejo. Para el constitucionalista, este giro en el planteamiento hace más viable que la pregunta supere el filtro de la Corte.
Propuestas controversiales y derechos en juego
No todas las iniciativas cuentan con consenso. Zaidan señaló como polémica la propuesta de un registro de violadores. Aunque coincide con el Ejecutivo en la necesidad de implementar este mecanismo, cuestiona la rigidez de la Corte al argumentar que podría estigmatizar a los ofensores. Él recordó que los derechos de niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre los demás, según los artículos 35 y 44 de la Constitución.
Otra de las interrogantes que más polémica ha generado es la que busca prohibir el uso de la imagen, voz o apoyo de personas sentenciadas por corrupción en campañas políticas. Para Zaidan, este planteamiento tiene dedicatoria, pues estaría orientado a impedir la participación del expresidente Rafael Correa y su movimiento.
El abogado asegura que esto se trata de una práctica odiosa en la política ecuatoriana. “La manera correcta de enfrentar adversarios es en las urnas, no con prohibiciones constitucionales”, advirtió el jurista. Además, señaló que este tipo de limitaciones rozan con derechos fundamentales como la libertad de expresión, protegidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El constitucionalista considera que la estrategia del Ejecutivo busca colocar a la Corte en una encrucijada. Dice que si rechaza la pregunta, será catalogada como “correísta”; si la acepta, enfrentará críticas por restringir libertades.
Intencionalidad política y efectos prácticos
En términos generales, Zaidan considera que la consulta popular no responde a necesidades urgentes de la ciudadanía. A su criterio, el trasfondo es político y electoral: “Lo que busca el Presidente es legitimar su gestión y medir su popularidad”.
El jurista insistió en que se trata de un mal uso de este mecanismo de democracia directa, pues se destinan recursos que podrían cubrir deudas en salud pública, abastecimiento de medicinas o pagos a prestadores de servicios médicos como las dializadoras. Añadió que las preguntas, en su mayoría, resultan intrascendentes para la vida cotidiana de los ecuatorianos.
Pese a su crítica general, reconoció que algunas propuestas merecen consideración. Cita de ejemplo la contratación por horas en el sector turístico y la reducción del número de asambleístas. En ambos casos, argumenta que podrían aportar a dinamizar la economía y mejorar el funcionamiento legislativo.
Alternativas y propuestas desde otros sectores
Zaidan destacó que también existen propuestas externas, como las planteadas por el Partido Social Cristiano (PSC), que buscan incluir temas sensibles: priorización de recursos para salud pública, transferencia de fondos a municipios y blindaje de aportes del IESS. A su juicio, estas interrogantes tienen mayor conexión con problemas reales de la gente.
El constitucionalista cerró su análisis recordando que la popularidad presidencial, cercana al 60%, se sostiene en gran parte en la comunicación política en redes sociales, pero que la ciudadanía pronto exigirá resultados concretos. Concluyó diciendo que la consulta puede reforzar su imagen a corto plazo, pero sin resolver la crisis en salud o empleo, será insostenible en el tiempo.
