Miércoles 17 de febrero de 1999, 13h30. El estruendo de varios disparos rompió la rutina en el centro de Quito. Un funcionario de la Función Judicial, alertado por el ruido, se asomó a la ventana. Desde allí observó una escena que marcaría la historia política reciente del Ecuador: un hombre joven, de cabello ensortijado, vestido con jeans y chompa color habano, disparaba a quemarropa contra el diputado Jaime Hurtado González, de 62 años.
Tras vaciar el arma contra el legislador, el atacante corrió hasta la esquina de las calles Hermanos Pazmiño y Luis Felipe Borja. Un testigo que estacionaba su vehículo lo vio pasar alterado, hablando solo, con una pistola plateada en la mano derecha. Aseguró haber escuchado la frase: "¡Misión cumplida!". El sicario subió a un Suzuki blanco y huyó entre el tráfico.
Minutos después, la escena quedó marcada por manchas de sangre sobre el asfalto. Hurtado fue trasladado de urgencia al Hospital Eugenio Espejo, donde los médicos confirmaron su fallecimiento. Junto a él murieron su sobrino, Wellington Basilio Borja, de 33 años, y su alterno y guardaespaldas, Pablo Vicente Tapia Farinango, de 35. El crimen ocurrió a pocos metros del entonces Congreso Nacional, en una zona transitada y con presencia de seguridad.
Un líder incómodo
Hurtado había sido elegido diputado nacional en 1998 por el Movimiento Popular Democrático (MPD), organización de izquierda de la que era uno de sus principales dirigentes. Sus intervenciones en el Congreso eran críticas al gobierno de Jamil Mahuad, en un contexto de crisis económica y creciente inestabilidad política.
Además de su postura ideológica, Hurtado impulsaba investigaciones relacionadas con el sistema financiero. Una de ellas involucraba a los propietarios de Bancomex y a su principal accionista, Medardo Cevallos Balda, quien había financiado la campaña presidencial de Mahuad y posteriormente fue designado embajador en México.
Según denuncias del MPD, el legislador indagaba presuntos vínculos entre sectores financieros, lavado de activos y narcotráfico. Personas cercanas a Hurtado sostuvieron que esas investigaciones pudieron haber afectado intereses poderosos, aunque esa hipótesis no fue probada judicialmente.
Capturas, fugas y condenas
En los días posteriores al asesinato, las autoridades identificaron el vehículo utilizado en el atentado y detuvieron a varios sospechosos, entre ellos Washington Aguirre, Cristian Ponce y Sergei Merino. Sin embargo, el proceso judicial estuvo marcado por demoras, recursos legales y cambios en la situación procesal de los implicados.
Posteriormente, una comisión investigadora señaló como autor material a Freddy Simón Contreras, quien fue condenado a 16 años de prisión por los disparos. Contreras había trabajado como miembro de seguridad de la familia de Cevallos Balda, un dato que generó nuevas preguntas sobre el entorno del crimen.
Otros procesados recuperaron la libertad tras permanecer años detenidos sin sentencia firme. Washington Aguirre, quien debía presentarse periódicamente ante la justicia, salió del país. En 2009 fue detenido en Nueva York por una infracción migratoria, pero posteriormente volvió a evadir a las autoridades. Hasta hoy, la autoría intelectual del asesinato no ha sido esclarecida de manera concluyente.
¿Crimen político?
El MPD y sectores de la izquierda calificaron el asesinato como un crimen político. Argumentaron que el atentado ocurrió en una zona vigilada y que la huida de los responsables evidenció fallas graves en los controles de seguridad.
También señalaron que Hurtado preparaba denuncias sobre presuntas redes de corrupción que involucraban la comercialización de vehículos robados, narcotráfico y posibles nexos con figuras del poder político y diplomático. Estas hipótesis circularon en el debate público, pero no derivaron en sentencias judiciales que confirmaran esa línea investigativa.
El contexto nacional intensificó la conmoción. Ecuador atravesaba una severa crisis económica que desembocó en el colapso financiero de 1999 y en la caída del gobierno de Mahuad en enero de 2000. En ese escenario de alta tensión política y social, el asesinato de un diputado opositor profundizó la percepción de fragilidad institucional.
Memoria y legado
Jaime Hurtado es recordado como uno de los dirigentes históricos del MPD y una figura relevante de la izquierda ecuatoriana. Su funeral congregó a simpatizantes y organizaciones sociales que exigieron justicia y esclarecimiento total del crimen.
Más de dos décadas después, el caso continúa siendo uno de los episodios más graves de violencia política en la historia reciente del Ecuador. Aunque hubo condenas por la autoría material, persisten interrogantes sobre los móviles y posibles responsables intelectuales.
El 17 de febrero de 1999 no solo marcó la muerte de un legislador en funciones. También dejó un expediente que, con el paso del tiempo, sigue generando debate sobre la verdad judicial y la memoria política del país. (10).
