La expresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, solicitó este lunes 27 de julio que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratifique su estado de inocencia en la acción de queja presentada por Unidad Popular (UP). Su defensa afirmó que no existen pruebas que demuestren un incumplimiento de funciones durante el proceso de cancelación de la organización política.
La solicitud fue presentada durante la audiencia oral única de pruebas realizada este lunes 27 de julio de 2026, en la que Diana Atamaint no asistió de forma presencial y estuvo representada por su abogado, Diego Analuisa. La diligencia fue dirigida por el juez electoral Patricio Maldonado, quien deberá emitir un fallo de primera instancia en los próximos días.
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— Diana Atamaint (@DianaAtamaint) June 11, 2026
Defensa sostiene que no existen pruebas
Durante la audiencia, la defensa de Diana Atamaint rechazó las acusaciones formuladas por el director nacional de Unidad Popular, Geovanni Atarihuana, y aseguró que las pruebas presentadas no demuestran que la entonces presidenta del CNE haya incumplido la ley o sus funciones.
El abogado Diego Analuisa sostuvo que la reproducción de la prueba no permitió acreditar que Diana Atamaint hubiera clausurado de manera irregular la sesión del Pleno del CNE del 3 de mayo de 2026, señalada por Unidad Popular como el hecho que habría impedido resolver un recurso de corrección dentro del proceso de cancelación del movimiento político.
Asimismo, negó que existiera una negativa deliberada para entregar información del Registro de Organizaciones Políticas y afirmó que las actuaciones del organismo electoral se realizaron conforme al procedimiento establecido. Con esos argumentos, solicitó al juez que desestime la queja y disponga el archivo de la causa.
Unidad Popular mantiene sus acusaciones
Por su parte, Geovanni Atarihuana reiteró que la suspensión de la sesión del 3 de mayo provocó el incumplimiento de los plazos legales para resolver el recurso presentado por Unidad Popular, situación que, según sostuvo, dejó a la organización en estado de indefensión durante el proceso de cancelación.
El dirigente político también cuestionó la gestión de Diana Atamaint al frente del CNE y aseguró que las decisiones adoptadas durante su administración afectaron la imparcialidad del organismo electoral. Además, solicitó que el Tribunal imponga una sanción económica contemplada en el Código de la Democracia.
La normativa electoral establece que la acción de queja permite sancionar a los servidores de la Función Electoral cuando incumplen sus obligaciones legales. Sin embargo, el mismo Código dispone que los consejeros del CNE y los jueces del TCE no pueden ser sancionados con suspensión de derechos de participación ni con destitución mediante este procedimiento, por lo que una eventual responsabilidad únicamente daría lugar a una multa.
La audiencia se extendió por poco más de 30 minutos. Concluida la diligencia, el juez Patricio Maldonado anunció que emitirá su sentencia de primera instancia, la cual podrá ser apelada por cualquiera de las partes ante el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, que adoptará una resolución definitiva sobre el caso.
