Representantes del pueblo Kichwa de Sarayaku se movilizaron este 15 de junio a Quito para alertar sobre el incumplimiento de varias disposiciones contempladas en la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 2012.
La comunidad participará el próximo 18 de junio en una audiencia de supervisión convocada por el organismo internacional para revisar los avances del Estado ecuatoriano en la ejecución del fallo.
La resolución internacional estableció la responsabilidad del Estado por la vulneración de derechos colectivos de Sarayaku, relacionados con la consulta previa, la propiedad comunitaria y la protección de su identidad cultural.
Entre las medidas ordenadas se incluyó el retiro de material explosivo que permaneció en territorio ancestral tras actividades de exploración petrolera.
Comunidad cuestiona falta de avances
Durante una comparecencia pública en Quito, el presidente de la organización Pakiru, Luis Canelos, señaló que la audiencia representa una oportunidad para evaluar el nivel de cumplimiento de una sentencia que calificó como histórica para los pueblos indígenas.
Según manifestó, la reparación integral ordenada por la Corte debe garantizar que ningún proyecto extractivo se desarrolle sin el consentimiento de las comunidades afectadas.
"Han transcurrido 14 años desde que la Corte emitió una sentencia histórica que reconoció la responsabilidad del Estado ecuatoriano por violar derechos a la consulta previa, a la propiedad comunal y a la identidad cultural", afirmó Canelos.
El dirigente sostuvo además que persisten decisiones estatales relacionadas con la expansión de actividades extractivas que, según indicó, continúan adoptándose sin el consentimiento de las comunidades indígenas involucradas.
Audiencia de supervisión en Costa Rica
Por su parte, el presidente de Sarayaku, Daniel Santi, recordó que el fallo fue emitido el 27 de julio de 2012 y aseguró que varias de las disposiciones ordenadas por la Corte aún permanecen pendientes. "Han pasado ya 14 años y los gobiernos de turno no han tenido la plena voluntad de cumplir a cabalidad al 100 % la sentencia de la Corte Interamericana", expresó.
Santi informó que una delegación integrada por autoridades comunitarias, líderes indígenas y asesores jurídicos viajará a San José, Costa Rica, para participar en la audiencia de supervisión prevista para el 18 de junio de 2026. En ese espacio, la comunidad expondrá sus argumentos sobre el estado de cumplimiento del fallo.
Asimismo, señaló que los explosivos que permanecen en el territorio continúan representando una preocupación para la población local y reiteró el pedido para que se ejecuten las medidas pendientes establecidas por la Corte IDH.
