La comisión ciudadana encargada del concurso para designar al nuevo Fiscal General del Estado solicitó este 1 de julio de 2026 al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) la suspensión de los términos y plazos del proceso. El concurso permanece paralizado desde el 11 de junio, cuando el pleno del organismo no resolvió sobre el informe que contenía las calificaciones de méritos de los postulantes.

La decisión fue adoptada durante una sesión convocada por la comisión ciudadana, luego de cumplirse cuatro meses del periodo fijo establecido para desarrollar el concurso de méritos y oposición que elegirá a la autoridad que reemplazará a Diana Salazar.

La resolución recibió el respaldo de siete de los diez integrantes de la comisión. Además, los comisionados dispusieron la elaboración de un informe jurídico que sustente el pedido dirigido al pleno del CPCCS para suspender los términos y plazos del procedimiento.

Reglamento fija un plazo para concluir el concurso

El reglamento de funcionamiento de las comisiones ciudadanas del CPCCS establece que los integrantes ejercerán sus funciones durante cuatro meses, contados desde su posesión, para desarrollar el concurso de selección de autoridades.

El artículo 75 del reglamento señala: "Los miembros de las comisiones ciudadanas ejercerán sus funciones por un periodo fijo de cuatro meses, contados a partir de su posesión, periodo en el cual deberán llevar a cabo todo el concurso de méritos y oposición para la selección y designación de la autoridad estatal".

El mismo reglamento dispone que, "en caso de situaciones no previstas ajenas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se podrá prorrogar las funciones de las comisiones hasta por un periodo adicional de hasta dos meses mediante resolución motivada del Pleno, en el que se valorará el estado de avance del proceso".

El proceso permanece detenido desde el 11 de junio

El concurso para elegir al fiscal general quedó paralizado el 11 de junio de 2026, cuando el pleno del CPCCS no adoptó una resolución sobre el informe de actividades de la comisión ciudadana. Ese documento incluía el expediente final con las calificaciones de méritos de 28 postulantes.

Durante esa sesión surgieron observaciones de las consejeras Nicole Bonifaz y Piedad Cuarán, quienes alertaron sobre una aparente aplicación irregular de los procedimientos de calificación. Según sus intervenciones, esas acciones habrían perjudicado a algunos concursantes y favorecido a otros.

Ese mismo día, David Rosero estuvo ausente y el entonces consejero Roberto Gilbert se abstuvo de votar. Solo Andrés Fantoni, Johanna Verdezoto y Jazmín Enríquez emitieron un pronunciamiento sobre el informe presentado por la comisión.

Comisión espera una decisión del CPCCS

Después de la sesión del 11 de junio, el pleno del CPCCS no volvió a tratar el concurso. Roberto Gilbert presentó posteriormente su renuncia al cargo, luego de la sesión virtual en la que se debatía este proceso. La comisión ciudadana también actualizó el cronograma para concluir el concurso para elegir al fiscal general. Sin embargo, ese documento todavía no ha sido aprobado por los consejeros del CPCCS.

Los comisionados fueron posesionados el 22 de enero de 2026. No obstante, con autorización del CPCCS, se resolvió que el cómputo del plazo iniciara el 18 de febrero, fecha en la que se convocó a los abogados interesados a inscribirse en el concurso para elegir al fiscal general. Hasta el 1 de julio de 2026 se cumplieron los cuatro meses previstos por el reglamento, mientras el proceso continúa sin una resolución del pleno del organismo.