El Pleno del Consejo de la Judicatura destituyó de sus funciones a la jueza María Daniela Ayala, titular de la Unidad Judicial de Garantías Penales de Pichincha. Ella llevaba el caso del magnicidio del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

Google PreferredCanal de WhatsApp

La decisión se adoptó este jueves 21 de mayo del 2026 tras determinar que la magistrada actuó con dolo al no acoger el pedido de prisión preventiva de la Fiscalía contra los procesados José Serrano y Xavier Jordán.

La investigación administrativa concluyó que Ayala dispuso medidas alternativas —presentación periódica ante un consulado de Ecuador en Estados Unidos— sin un argumento sólido, a pesar de que uno de los procesados ya había sido declarado prófugo. La destitución responde a denuncias presentadas por el ministro del Interior, John Reimberg, y las hijas de Fernando Villavicencio, Tamia y Amanda.

Irregularidades en audiencia clave

El organismo disciplinario sostuvo que la jueza "no consideró factores sustanciales para el desarrollo del proceso", como la gravedad del delito, la sanción prevista, el resultado lesivo y la conmoción social generada, que afectó el régimen democrático del Estado.

En la audiencia de formulación de cargos, Ayala rechazó la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía para Serrano, exministro del Interior, y Jordán, procesados como presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio ocurrido en agosto de 2023 durante un acto de campaña en Quito.

Fundamentos de la sanción

El Consejo de la Judicatura enfatizó que todo acto de corrupción será sancionado. La magistrada había sido suspendida temporalmente en 2025 mientras se investigaba su actuación en la misma audiencia, tras una denuncia de la Fiscalía que también analizó expresiones emitidas durante la diligencia.

Las medidas sustitutivas dictadas por Ayala en septiembre de 2025 fueron posteriormente revocadas. En octubre de ese año se ordenó la prisión de ambos procesados tras insistencia de la Fiscalía.

Proceso penal en curso

El caso por el magnicidio de Fernando Villavicencio continúa en investigación para determinar responsabilidades sobre la autoría intelectual del crimen. La destitución de la jueza se enmarca en un expediente disciplinario que culminó con la sanción más grave prevista.