El Consejo de la Judicatura activó un proceso de control interno y externo que abarcará distintas áreas administrativas y financieras entre 2020 y 2026. La institución confirmó que remitió una solicitud formal a la Contraloría General del Estado para ejecutar auditorías públicas y revisiones técnicas sobre procesos institucionales.
La medida forma parte de una estrategia impulsada por la presidenta Mercedes Caicedo Aldaz, quien busca verificar el manejo de recursos públicos durante administraciones anteriores y el actual periodo de transición. Además, la entidad señaló que el objetivo apunta a fortalecer los mecanismos de control y transparencia dentro del sistema judicial ecuatoriano.
Consejo de la Judicatura revisará contrataciones y recursos públicos
El Consejo de la Judicatura informó que los exámenes incluirán los procesos de contratación de personal realizados desde enero de 2020 hasta abril de 2026. Las revisiones también abarcarán operaciones financieras relacionadas con consultorías, servicios institucionales y ejecución presupuestaria.
Además, las auditorías alcanzarán proyectos ejecutados en el Complejo Judicial Florida Norte, ubicado en la provincia del Guayas. La institución considera este espacio como uno de los principales centros judiciales del país debido al volumen de procesos y servicios que concentra diariamente.
Contraloría definirá cronograma de auditorías
La administración del Consejo de la Judicatura sostiene que la apertura a controles externos permitirá despejar dudas sobre el manejo institucional. También señala que la decisión busca reforzar los mecanismos de fiscalización pública y ampliar la supervisión sobre el uso de fondos estatales.
Ahora, la Contraloría General del Estado deberá establecer el cronograma de los exámenes especiales. El organismo analizará posibles inconsistencias o irregularidades dentro de los procesos administrativos y financieros que serán revisados durante las auditorías previstas.
Consejo de la Judicatura apunta a fortalecer controles institucionales
Desde la institución indicaron que las auditorías externas forman parte de una política orientada a transparentar la gestión pública. El Consejo de la Judicatura sostiene que la revisión técnica permitirá identificar procedimientos administrativos y financieros sujetos a observaciones o correctivos.
La iniciativa también coincide con un contexto de mayor vigilancia ciudadana sobre las instituciones públicas. En ese escenario, las revisiones solicitadas por la Judicatura podrían marcar una nueva etapa de control sobre contrataciones, presupuesto y obras ejecutadas dentro del sistema judicial ecuatoriano.
