El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), liderado por su presidenta Mercedes Caicedo, resolvió la noche del 7 de mayo de 2026 la destitución de la jueza Nubia Vera. La decisión, tomada durante la sesión 053-2026, se fundamenta en el hallazgo de manifiesta negligencia en el ejercicio de sus funciones como magistrada de la Unidad Judicial de Familia de Quito. Esta resolución marca una de las primeras acciones de alto perfil de la nueva administración del organismo, que asumió funciones apenas el pasado 29 de abril.
La sanción administrativa responde a una queja presentada por el procurador judicial de la empresa Conwor S.A., relacionada con una acción de protección. Según el informe técnico del área disciplinaria, Vera inobservó el debido proceso al no calificar adecuadamente las medidas cautelares solicitadas. El expediente detalla que la exjueza otorgó dichas medidas de forma oral y extemporánea en una audiencia realizada en diciembre de 2023, la cual fue suspendida injustificadamente, provocando una paralización del trámite por más de un año.
Negligencia procesal y demora injustificada
El análisis del Consejo de la Judicatura, basado en una declaración jurisdiccional de la Corte Provincial de Pichincha, determinó que el accionar de Vera desnaturalizó la celeridad exigida para las garantías constitucionales. Los informes técnicos subrayan que la magistrada incurrió en una demora de 13 meses, afectando la tutela judicial efectiva. Las autoridades recalcaron que esta destitución es estrictamente administrativa y se limita a las faltas cometidas en el caso de la mencionada compañía tecnológica.
No obstante, la figura de Nubia Vera ha estado en el centro de la atención pública debido a su enfrentamiento con el Ejecutivo. Nubia Vera fue la jueza que falló a favor de Verónica Abad, exvicepresidenta de la República, dejando sin efecto una suspensión administrativa de 150 días impuesta por el Ministerio del Trabajo. Durante ese proceso, la ahora exjueza denunció presiones por parte de Mario Godoy, predecesor de Caicedo, asegurando que se le intentó coaccionar para fallar en contra de la funcionaria.
Contexto político y acusaciones de coacción
La controversia escaló cuando Vera afirmó públicamente que recibió un dispositivo electrónico con una sentencia ya redactada para perjudicar a Abad. Estas declaraciones contribuyeron al debilitamiento de la gestión de Godoy, quien eventualmente renunció y fue censurado por la Asamblea Nacional. A pesar de este historial de confrontación con el entorno del presidente Daniel Noboa, el actual Consejo de la Judicatura sostiene que la sanción aplicada el 7 de mayo se ciñe exclusivamente a la falta disciplinaria cometida en el caso Conwor S.A.
A la par de su salida del sistema judicial, Nubia Vera enfrenta un panorama legal complejo en el ámbito penal. La exmagistrada ha sido llamada a juicio como presunta autora del delito de concusión en el denominado caso Mueble Fino. La Fiscalía General del Estado sostiene que Vera habría solicitado dádivas, incluyendo mobiliario de lujo y estancias en hoteles, a cambio de emitir fallos favorables en procesos de tenencia de menores bajo su despacho.
Procesos penales y el caso Mueble Fino
Las investigaciones en el caso Mueble Fino se sustentan en allanamientos y evidencias recabadas por los peritos, que apuntan a que la exjueza exigió beneficios económicos y materiales a los litigantes. Este proceso penal continuará de forma independiente a la sanción administrativa de destitución. Con esta medida, el Consejo de la Judicatura busca depurar el sistema de justicia ante actos que comprometan la transparencia y eficiencia judicial en el país.
El cese de funciones de Vera ocurre en un momento de transición institucional, donde la nueva mayoría del organismo busca establecer precedentes sobre la conducta de los servidores judiciales. La comunidad jurídica permanece atenta al desarrollo del juicio penal, el cual determinará si la exjueza es responsable de los cargos de corrupción judicial que se le imputan, mientras su carrera en el sector público queda formalmente interrumpida por la resolución administrativa vigente.
