El Consejo de la Judicatura (CJ) aprobó el 2 de octubre de 2025, en sesión ordinaria Nro. 089-2025, la Proforma Presupuestaria 2026, con un monto de 348’024.180,72, que priorizará mantenimiento de edificios, parque automotor y tecnología judicial en Ecuador, ante el deterioro de su infraestructura y el déficit de recursos.
Infraestructura judicial en estado crítico
Actualmente, el 65% de los edificios judiciales presenta condiciones críticas, lo que refleja una situación alarmante en la prestación de servicios. De las 437 dependencias judiciales, solo el 63,5% opera en inmuebles propios, mientras que el resto funciona en arrendamientos o comodatos que incrementan los gastos.
En este escenario, 166 dependencias están en estado crítico, con falta de personal, sobrecarga procesal y riesgos asociados al crimen organizado. Otras 69 están en alerta por retrasos graves y sistemas obsoletos, mientras que 94 operan de forma aceptable pero aún con vulnerabilidades. Las 108 restantes mantienen un riesgo bajo, aunque no cumplen condiciones óptimas.
La proforma contempla destinar fondos al pago de servicios básicos, arriendos y suministros, además de cubrir parcialmente el mantenimiento de las dependencias.
Parque automotor obsoleto
El parque automotor del CJ, fundamental para citaciones, inspecciones y traslados técnicos, refleja un nivel avanzado de desgaste. Los vehículos registran un promedio de 11 años de antigüedad y alto kilometraje, lo que elevó el costo de mantenimiento a más de 670.000 en 2024.
Este estado de deterioro afecta directamente a la capacidad operativa de los funcionarios judiciales y limita la cobertura de procesos en todo el territorio nacional.
Para 2026, la asignación presupuestaria priorizará la reparación y eventual sustitución de parte de la flota vehicular, con el fin de garantizar movilidad segura y oportuna.
Tecnología judicial en riesgo
El CJ ha implementado sistemas informáticos relevantes en los últimos años; sin embargo, la infraestructura tecnológica enfrenta obsolescencia crítica. Esta situación afecta la eficiencia institucional y genera retrasos en la gestión de procesos.
El Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE), considerado la columna vertebral del servicio, requiere una reingeniería urgente para actualizar su arquitectura, asegurar continuidad operativa y reforzar la ciberseguridad.
En la proforma 2026 se estableció una asignación para modernizar plataformas tecnológicas, con el objetivo de ofrecer un servicio judicial más eficiente y accesible para la ciudadanía.
Perspectiva nacional
La programación presupuestaria aprobada no solo fija los recursos de 2026, sino que proyecta el gasto hasta 2029. El objetivo es asegurar estabilidad financiera y enfrentar de manera planificada el deterioro de la justicia ecuatoriana.
El Consejo de la Judicatura ha señalado que la inversión en infraestructura, vehículos y tecnología permitirá optimizar la atención judicial y reducir la carga procesal. Con ello se busca garantizar un sistema de justicia más seguro y confiable.
