La bancada Acción Democrática Nacional (ADN) presentó este lunes 6 de octubre ante la Fiscalía General del Estado un acto urgente contra Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), por presuntamente instigar el delito de terrorismo al amenazar con “tomarse” la capital durante el paro nacional en curso. La acción, impulsada por la coordinadora encargada Mishel Mancheno, busca que la Fiscalía investigue las declaraciones emitidas el 4 de octubre en Chimborazo, en el marco de protestas que exigen derogar el Decreto 126 sobre subsidios al diésel y reducir el IVA al 12%. El hecho ocurre en Quito, ante el temor de que se repitan episodios de violencia como los de 2019 y 2022, que causaron daños millonarios y confrontaciones sociales.
Amenazas como delito tipificado
Mancheno, legisladora de ADN, explicó que las palabras de Vargas no constituyen mera retórica política, sino una “amenaza directa a la paz, la seguridad y la estabilidad democrática”. “No se puede permitir que hechos como los registrados en los años 2019 y 2022, donde hubo calles con violencia y edificios incendiados, se repitan”, indicó durante la entrega del documento en la Fiscalía.
Según el artículo 366 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el terrorismo implica actos que siembran terror o alteran el orden público, con penas de hasta 13 años de prisión. ADN argumenta que las declaraciones de Vargas, difundidas en redes sociales y medios locales, cumplen con estos criterios y urgen a la Fiscalía a preservar pruebas, como videos y publicaciones, para una pesquisa inmediata.
Movilizaciones indígenas en Ecuador
Sin embargo, las tensiones actuales evocan antecedentes de confrontaciones pasadas. En octubre de 2019, bajo el gobierno de Lenín Moreno, el paro indígena contra el alza de combustibles duró 11 días y derivó en saqueos, incendios a edificios públicos –incluida la Contraloría en Quito– y pérdidas estimadas en 800 millones de dólares, de acuerdo con informes de la Cámara de Comercio de Quito. La Defensoría del Pueblo registró entonces cinco muertos, 554 heridos y 929 detenidos, con acusaciones mutuas de represión estatal y vandalismo infiltrado.
De manera similar, en junio de 2022, durante la administración de Guillermo Lasso, las protestas lideradas por la Conaie contra el alza de precios duraron 18 días, con bloqueos que paralizaron Quito y Guayaquil, generando escasez de víveres y un costo económico de 1.200 millones de dólares, según el Ministerio de Finanzas. Hubo al menos tres fallecidos, cientos de heridos y detenciones masivas, con Lasso declarando estado de excepción para desbloquear vías.
Reacciones de autoridades
Andrés Castillo, legislador de ADN, detalló que los actos urgentes, según el COIP, permiten a la Fiscalía prevenir delitos inminentes. “Al existir un anuncio por parte de Marlon Vargas, en calidad de presidente de la Conaie, se ha pedido que, en caso de que se cometan delitos relacionados con terrorismo, sabotaje o alteración de la paz pública, la Fiscalía actúe de urgencia”, precisó Castillo.
Mancheno también cuestionó el silencio de autoridades locales. “Preocupa sobremanera la ausencia total del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, frente a estas amenazas graves de tomarse Quito. Ese silencio también es preocupante; el silencio es sinónimo de complicidad, y la Fiscalía deberá tomar acciones frente a esto“, sentenció la asambleísta.
