El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, con 88 votos afirmativos, el informe sobre el cierre de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA Ltda., el 17 de marzo de 2026, en Quito, para remitirlo a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía General del Estado, con el fin de que se determinen responsabilidades.
El informe fue elaborado por la Comisión de Régimen Económico y Tributario, tras un proceso de fiscalización que incluyó análisis técnico, legal y comparecencias de actores involucrados. Además, el documento recoge información entregada por autoridades, legisladores y personas afectadas.
Durante el debate, el legislador Adrián Castro recordó que la cooperativa agrupaba a socios del sur del país y migrantes. Señaló que el seguimiento continuará hasta que todos recuperen sus recursos. "Más del 90 % de los depositantes ha recibido su dinero, pero aún faltan 200 personas", afirmó. El informe detalla varias irregularidades detectadas en la gestión de la entidad. Entre ellas constan créditos otorgados con documentos adulterados, garantías inexistentes y pagos que no reflejaban la realidad financiera.
Hallazgos y afectaciones
El asambleísta Roque Ordóñez destacó que el cierre afectó a más de 70 mil cuentahorristas. En ese marco, solicitó incluir recomendaciones relacionadas con posibles responsabilidades políticas dentro del proceso.
Por su parte, María del Cisne Molina expuso cifras relevantes del informe. Indicó la existencia de una cartera improductiva de 27,56 millones de dólares, junto con 144 hallazgos de riesgo operativo y 75 de riesgo crediticio. La legisladora también señaló que se detectaron créditos con garantías falsas y pagos sin respaldo. Añadió que los problemas en la cooperativa se evidenciaban desde el año 2021, lo que reflejaba fallas estructurales en su funcionamiento.
Recomendaciones y control institucional
El informe concluye que la cooperativa mantuvo una administración corporativa deficiente, lo que derivó en la remoción de sus autoridades y en sanciones posteriores. Este hallazgo sustenta la necesidad de acciones adicionales por parte de organismos de control.
Entre las diez recomendaciones, se solicita a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria impulsar procesos judiciales contra exadministradores. Asimismo, se plantea fortalecer los mecanismos de control institucional. También se pide establecer un canal oficial de comunicación permanente entre las entidades involucradas y los afectados. Esta medida busca garantizar información clara durante la liquidación.
Seguimiento y devolución de recursos
El documento establece que la Comisión de Régimen Económico y Tributario dará seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones. El objetivo es asegurar la devolución total de los fondos a los socios. Además, se vigilará el pago de obligaciones pendientes con extrabajadores de la cooperativa. Este proceso continuará hasta que se cierre completamente la liquidación.
El envío del informe a la Contraloría y a la Fiscalía marca una nueva fase en el caso de la Cooperativa CREA, centrada en la determinación de responsabilidades y en el control posterior de los hechos identificados.
