La Asamblea Nacional aprobó este 9 de junio de 2026 el informe que respalda la denuncia del Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE), solicitado por el presidente Daniel Noboa. La decisión abre el camino para que Ecuador abandone formalmente este mecanismo regional de intercambio comercial, vigente desde 2010 y sin operaciones relevantes en los últimos años.
La moción obtuvo 86 votos favorables provenientes de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), del Partido Social Cristiano (PSC) y de legisladores independientes aliados del Gobierno. El informe fue elaborado por la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea.
La solicitud de denuncia fue enviada por el presidente Daniel Noboa el 21 de mayo de 2026. Antes de ello, el Ejecutivo notificó a la Cancillería de Venezuela y a las autoridades del sistema SUCRE sobre la intención ecuatoriana de retirarse del mecanismo.
Comisión señala pérdida de utilidad del sistema
Durante el debate legislativo, la presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, Lucía Jaramillo, sostuvo que el sistema SUCRE perdió su objetivo original y que habría sido utilizado de forma indebida. Jaramillo afirmó que el mecanismo fue señalado en investigaciones relacionadas con presuntos casos de corrupción y lavado de dinero. Uno de los episodios más conocidos involucra a Álex Saab, investigado por autoridades estadounidenses por delitos financieros.
Según la legisladora, Saab habría utilizado operaciones vinculadas al SUCRE para ejecutar compras ficticias de materiales de construcción entre Ecuador y Venezuela destinadas a programas de vivienda social. Además, Jaramillo solicitó que la Comisión de Fiscalización actualice la investigación sobre el denominado Caso SUCRE, que fue impulsada por el exasambleísta Fernando Villavicencio antes de su asesinato en 2023.
Intercambio comercial cayó hasta casi desaparecer
Los argumentos para abandonar el sistema no se limitaron a los cuestionamientos sobre posibles irregularidades. Los informes revisados por la Comisión muestran una reducción sostenida de las operaciones comerciales dentro del mecanismo.
Documentos del Banco Central indican que el intercambio con los demás países miembros del SUCRE —Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba— prácticamente desapareció durante los últimos siete años.
El informe legislativo señala textualmente: "Las operaciones canalizadas a través del sistema disminuyeron de 1.065,9 millones en 2012 a 1,69 millones en 2019, concentradas exclusivamente con Cuba, lo que refleja que el mecanismo ha dejado de cumplir su objeto como sistema multilateral de compensación regional de pagos".
La última transacción registrada por Ecuador mediante el SUCRE ocurrió en 2019 por 1,6 millones con Cuba. Desde entonces no se reportaron nuevas operaciones. Los documentos revisados también indican que Ecuador aportó cerca de USD 5 millones al sistema desde su creación. De ese monto, más de 2,7 millones correspondieron a contribuciones anuales para su funcionamiento.
Correísmo cuestiona la decisión
La bancada de Revolución Ciudadana votó en contra de la propuesta. La asambleísta Bertha Vélez afirmó que la decisión responde más a criterios políticos que técnicos. Durante su intervención expresó: "¿Si el sistema funcionaba, por qué dejó de operar? Fueron los gobiernos los que le abandonaron. Primero, Lenín Moreno sacó al Ecuador de la ALBA y luego Guillermo Lasso no lo reactivó, no lo auditó, no lo reformó".
El correísmo propuso una moratoria de 12 meses antes de concretar la denuncia del tratado. La iniciativa planteaba la creación de una comisión técnica integrada por el Banco Central, Cancillería, Ministerio de la Producción y Contraloría.
La propuesta también contemplaba auditorías forenses internacionales a las principales transacciones realizadas mediante el sistema SUCRE. Sin embargo, la mayoría legislativa respaldó el informe y dio vía libre al proceso de salida de Ecuador del mecanismo regional de pagos.
