El viceministro de Minas, Javier Subía, anunció que el catastro minero de Ecuador, cerrado desde 2018, se reabrirá por fases a partir del 16 de junio de 2025. En una entrevista emitida en un medio nacional , el funcionario destacó que esta reapertura, fundamentada en un proceso de contratación iniciado en septiembre de 2022, busca actualizar el registro de concesiones mineras para fomentar la inversión y combatir la minería ilegal. En los próximos días, el Gobierno presentará a la Presidencia las fases de implementación, junto con un nuevo reglamento para la Ley de Minería que incluye el pago de deudas históricas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

Modernización del catastro minero

El catastro minero, gestionado por la Agencia de Regulación y Control Minero, es un registro que detalla las características cualitativas, cuantitativas y espaciales de los títulos mineros en el país. Su reapertura permitirá al Estado mapear las áreas concesionadas, facilitando la entrega de nuevas concesiones. Según Subía, la primera fase se enfocará en la minería no metálica, como materiales de construcción, mientras que la segunda abordará la gran minería, un sector clave por su aporte en impuestos, empleo y divisas. La tercera fase se centrará en la pequeña minería, con énfasis en regularizar actividades para frenar la extracción ilegal, que desde 2020 ha deforestado más de 700 hectáreas cerca de reservas amazónicas.

El proceso de modernización comenzó en septiembre de 2022, durante el gobierno de Guillermo Lasso, con la aprobación de un contrato para adquirir un nuevo software de gestión minera. La entonces subsecretaria de Minería Artesanal, Alicia Arias Villamarín, autorizó la contratación del sistema por USD 3.441.506, suscrito en octubre de 2023 con la consultora Pacific Geotech Systems Ltd. Este software, según el contrato 034-2023, cumple con estándares internacionales para optimizar la gestión del catastro minero.

Nuevo reglamento y pago a los GAD

Además de la reapertura, el Gobierno de Daniel Noboa emitirá un reglamento actualizado para la Ley de Minería. Subía explicó que este incluirá el pago de regalías adeudadas a los GAD, una deuda histórica que nunca se ha saldado. “Con este reglamento, las provincias y parroquias sabrán cuánto se ha pagado y cuánto deben recibir”, afirmó. Este paso busca transparentar la distribución de recursos generados por la actividad minera, fortaleciendo la relación con los gobiernos locales.

La actualización del catastro también implica una depuración de los registros existentes. Subía señaló que se revisarán los cumplimientos de los actuales concesionarios, cerrados desde 2018, para garantizar que las autorizaciones cumplan con las normativas vigentes. La normativa secundaria, que regula el otorgamiento de concesiones, está siendo ajustada con apoyo de una consultora internacional. El instructivo para la gran minería estaría listo para su implementación con cambios menores. 

Impacto en la inversión y sostenibilidad

La reapertura del catastro minero es vista como un paso clave para atraer inversión extranjera y dinamizar la economía. La gran minería, en particular, tiene un alto potencial para generar empleo y exportaciones, según datos oficiales. Además, la regularización de la pequeña minería busca reducir el impacto ambiental de la minería ilegal. Esta problemática ha generado preocupación en zonas como la Amazonía. 

Con la reapertura por fases y el nuevo reglamento, Ecuador busca posicionarse como un destino atractivo para la inversión responsable. Además, de abordar desafíos históricos como la deuda a los GAD y lucha contra la minería ilegal.