En el cementerio Ángel María Canals, Guayaquil, usuarios denuncian cobros ilegales por bóvedas, a pesar de que los servicios municipales son gratuitos. Roxana Aguilar reporta que le exigieron USD 300 para sepultar a su hijo fallecido.

Además, Aguilar relató que un tal Elías, desde Casa Rosada, la derivó a Kléber Suárez, quien supuestamente gestiona estas ventas ilegales. Sin los USD 300, Kléber Suárez no le asignó una bóveda, y ahora ella enfrenta obstáculos para recibir atención.

Por otra parte, las denuncias no son nuevas. En julio de 2024, medios nacionales reportaron mafias dedicadas a la venta ilegal de bóvedas. Usuarios señalan tarifas fijas: USD 500 para adultos y USD 160 para recién nacidos.

Asimismo, el cementerio restringe la atención con horarios limitados y opera a puerta cerrada. Los guardias controlan el acceso, pero los visitantes no se sienten seguros, especialmente tras el asesinato del administrador en 2024.

En consecuencia, la comunidad exige respuestas de la DASE, que administra el cementerio con 46,850 bóvedas. Pese a las consultas de periodistas pertenecientes a medios de comunicación, no hay claridad sobre la disponibilidad de espacios ni las medidas contra las irregularidades.

La falta de acción municipal agrava la situación. Una ordenanza clara y sanciones contra cobros ilegales podrían garantizar servicios gratuitos. Los usuarios piden transparencia para que el cementerio sea un lugar digno y seguro.

Usuarios llegan al cementerio Ángel María Canals, pero el personal atiende a puerta cerrada.

La atención en el cementerio es a puerta cerrada, el horario es de lunes a viernes de 08:30 a 17:0, los sábados hasta las 16:00 y los domingos hasta la 13:00 y aunque hay guardias en el acceso, la gente que lo visita no se siente segura.

El anterior administrador fue asesinado a tiros en su oficina en junio de 2024, motivo por el cual el cementerio permaneció cerrado por un mes.

Este cementerio, ubicado en las calles 38 y la f, tiene 46 850 bóvedas. Medios nacionales consultaron a la Empresa Pública de Acción Social y Educación (DASE) sobre estás denuncias, y si hay disponibilidad en el panteón, pero aún no dan luz verde a una entrevista.