El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia sentenció este lunes 30 de junio de 2025 al exvicepresidente Jorge Glas y al exsecretario técnico de Reconstrucción, Carlos Bernal, a 13 años de prisión por el delito de peculado. Esta condena se enmarca en el caso Reconstrucción de Manabí, que investiga el uso indebido de recursos públicos provenientes de la Ley de Solidaridad tras el terremoto del 16 de abril de 2016.
Además de la pena, el tribunal impuso la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos y la suspensión de derechos políticos por 25 años. Ambos deberán pagar una reparación integral conjunta de $250 millones al Estado ecuatoriano.
El fallo, fue leído por los jueces Mercedes Caicedo, Marco Rodríguez y Javier de la Cadena, quienes atendieron el pedido de la Fiscalía General. Durante más de tres horas, el tribunal detalló los elementos que configuraron el delito de peculado. La jueza Caicedo enfatizó que la sentencia responde a acciones concretas que malgastaron recursos públicos y dejaron en el abandono a miles de damnificados por el terremoto.
Caso Reconstrucción de Manabí
El caso Reconstrucción de Manabí forma parte de un proceso penal impulsado por la Fiscalía General del Estado del Ecuador, en el que se investigan presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos asignados para la reconstrucción y reactivación productiva de las provincias de Manabí y Esmeraldas, tras el devastador terremoto del 16 de abril de 2016.
Entre los principales investigados figura el exvicepresidente Jorge Glas, ya llamado a juicio, así como otros exfuncionarios del gobierno del entonces presidente Rafael Correa. La Fiscalía sostiene que existieron anomalías en la adjudicación de contratos, ejecución de obras públicas y administración de recursos, en perjuicio del Estado.
Uno de los señalados en esta causa es Carlos Bernal, quien se desempeñó como secretario técnico del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva entre 2016 y 2018. Su nombre aparece vinculado en el expediente judicial, lo que ha motivado un pronunciamiento público de su parte, en rechazo a las acusaciones.
Bernal ha manifestado que su gestión fue exclusivamente técnica, sin competencias sobre el manejo de fondos ni decisiones contractuales. Según su versión, las decisiones clave fueron adoptadas de forma colegiada por el Comité, y él no tuvo participación directa en procesos de contratación ni en la distribución de recursos económicos.
La posición de Bernal busca desmarcarse de los señalamientos y esclarecer su actuación dentro del órgano técnico que operó en una de las fases más críticas de la recuperación tras el desastre natural.
Antecedentes judiciales y situación actual de Jorge Glas
Esta condena representa la tercera sentencia firme contra Jorge Glas por casos de corrupción. En 2019, recibió una pena de seis años por asociación ilícita en el caso Odebrecht. Por otro lado, en 2020, recibió una condena de ocho años por cohecho agravado en el caso Sobornos 2012-2016, donde también resultaron sentenciados el expresidente Rafael Correa y otros exfuncionarios. En enero de 2023, la jueza penitenciaria Melissa Muñoz unificó las penas, haciendo que la condena de ocho años absorba la de seis, quedando una pena unificada de ocho años de prisión.
Glas cumplía esta pena en libertad provisional, bajo medidas cautelares otorgadas en 2022 por el exjuez Émerson Curipallo, condenado por delincuencia organizada. Sin embargo, tras solicitar la prelibertad y serle negada a fines de 2023, la jueza Muñoz ordenó la localización y captura de Glas para que cumpla en prisión el resto de su condena. En diciembre de 2023, al ingresar a la Embajada de México, Glas dejó de cumplir con la presentación semanal dispuesta por Curipallo, lo que llevó a la revocación de la medida cautelar y su detención en abril de 2024 por la Policía en la misión diplomática. Desde entonces, permanece en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, cumpliendo la pena unificada.
El delito de peculado y su tipificación legal
El delito de peculado está tipificado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). El artículo establece que los servidores públicos que abusen arbitrariamente de bienes o dineros públicos en beneficio propio o de terceros serán sancionados con pena privativa de libertad de diez a trece años. (07).
