La resolución del caso Ligados fue aprobada por el presidente Andrés Fantoni y otros cuatro consejeros.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) resolvió este lunes 24 de marzo de 2025, presentar una acusación particular. Esto dentro del proceso penal que lleva la Fiscalía General del Estado en el caso Ligados.
Este proceso involucra a los exconsejeros de la denominada Liga Azul del Cpccs: Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor y Yadira Saltos, así como a la actual consejera Nicole Bonifaz. Son acusados de supuesta asociación ilícita para la designación de autoridades de control.
El pronunciamiento del Pleno por caso ligados
La decisión fue tomada por el Pleno del Cpccs. Contó con el voto favorable de los consejeros Jazmín Enríquez, Piedad Cuarán, Johanna Verdezoto, Gonzalo Albán y el presidente Andrés Fantoni Baldeón. Ellos argumentaron que el caso afecta institucionalmente al Consejo.
Según el informe jurídico conocido por el Pleno, los elementos de convicción presentados por la Fiscalía sustentan la formulación de cargos y generan la presunción de una afectación a la composición del Cpccs en la designación de autoridades. Violando así el marco legal vigente en Ecuador.
El presidente del Cpccs, Andrés Fantoni, explicó que en la audiencia de formulación de cargos se reconoció implícitamente al Consejo como víctima de estos hechos. Asimismo, del posible daño institucional causado.
Argumentó que la presentación de la acusación particular es fundamental para “defender la legalidad de las actuaciones del Consejo». Además de «su potestad de designar autoridades de forma transparente y conforme a la Constitución”.
Antecedentes del caso ligados
El proceso contra los exconsejeros y la actual consejera Bonifaz se inició luego de que, el 22 de enero de 2025, intentaran desconocer a Roberto Romero von Buchwald como Superintendente de Bancos.
Tras esa decisión, Romero von Buchwald presentó una denuncia en la Fiscalía General. Él argumentó presuntos delitos de arrogación de funciones e incumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional.
Como parte de la investigación, el 24 de enero de 2025 se llevó a cabo un allanamiento en las instalaciones del Cpccs. Allí se incautaron dispositivos electrónicos.
La presentación de la acusación particular por parte del Cpccs marca un nuevo capítulo en este proceso. Este sigue en desarrollo y que podría derivar en sanciones legales para los implicados.
