Con más de 300 elementos de convicción, la Fiscalía General del Estado sustenta el juicio penal contra Jorge Glas y Carlos Bernal, por presuntas irregularidades en el uso de fondos de la Ley de Solidaridad, asignados a la reconstrucción tras el terremoto que devastó Manabí en 2016.
En el marco del caso Reconstrucción de Manabí, la Fiscalía presentó una extensa batería de pruebas documentales y testimoniales con las que lleva a juicio al ex vicepresidente Jorge Glas, quien se desempeñó durante el gobierno de Rafael Correa, como presidente del Comité de Reconstrucción y al exsecretario técnico del mismo organismo, Carlos Bernal, por el presunto delito de peculado. Según el conjuez de la Corte Nacional de Justicia, Marco Aguirre, los indicios recabados —entre actas, contratos, informes y registros financieros— revelan que los fondos destinados a la emergencia fueron usados para obras sin relación con el sismo, como el parque Las Vegas en Portoviejo, o ejecutados por empresas vinculadas a familiares.
Elementos clave contra Jorge Glas

>Según la Fiscalía, durante su rol como presidente del Comité de Reconstrucción, entre mayo de 2016 y mayo de 2017, Glas habría priorizado 11 proyectos sin relación directa con la emergencia. Además, estructuró equipos de trabajo y creó instancias como la Oficina de Proyectos sin consenso del resto del Comité.
>La Fiscalía argumenta que su accionar no se ajustó a ningún marco normativo y que se extralimitó en sus funciones, tomando decisiones unilaterales sobre obras y asignación de fondos.
Cargos contra Carlos Bernal

Bernal, como secretario técnico, firmó todas las actas de las sesiones y gestionó los desembolsos ante el Ministerio de Finanzas. Coordinó directamente los proyectos investigados y solicitó recursos para 11 iniciativas que no cumplían con los fines de la Ley de Solidaridad.
>Uno de los elementos más graves en su contra es el presunto vínculo familiar con los accionistas de Construhidrocab, empresa contratada para remover escombros, lo que genera sospechas de conflicto de interés y favorecimiento.
Los elementos de convicción en detalle
La Fiscalía sustentó su acusación con más de 300 pruebas, entre las que constan:
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Actas oficiales del Comité de Reconstrucción firmadas por los procesados
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Contratos adjudicados sin concurso, vía emergencia
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Informes técnicos y financieros que revelan falta de priorización según la ley
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Registros de comunicaciones con funcionarios y proveedores
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Documentación societaria de empresas contratistas vinculadas familiarmente
Una reconstrucción bajo la lupa judicial
La Ley de Solidaridad fue creada en 2016 para canalizar aportes ciudadanos a la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. No obstante, según las pruebas recabadas, parte de esos recursos habrían sido utilizados para obras no prioritarias o ajenas a la emergencia.
El parque Las Vegas, que no existía antes del sismo, se convirtió en uno de los principales íconos de esta supuesta mala administración de los fondos.
El juicio por el caso Reconstrucción de Manabí se perfila como un proceso emblemático en la lucha contra la corrupción post desastres. Los elementos de convicción presentados por la Fiscalía serán clave para determinar si existió peculado y quiénes deben responder ante la justicia por el uso indebido de fondos destinados a una de las tragedias más devastadoras en la historia reciente del país.
El proceso deja siete sobreseídos
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Pablo O. – Exgerente general de la Empresa Pública Ecuador Estratégico
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Walter Hipólito S. – Exministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP)
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Boris Sebastián C. – Exministro de Transporte y Obras Públicas
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Franklin José B. – Exsubsecretario zonal del MTOP
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Omar Wilfrido Ch. – Exsubsecretario zonal del MTOP
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Víctor Salvador J. – Exdirector del Servicio de Contratación de Obras (Secob)
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Milton Daniel M. – Exdirector de Inmobiliar.