El Consejo de Administración Legislativa (CAL) rechazó, con siete votos, la solicitud de la Comisión de Fiscalización. Dicha comisión pidió resolver sobre la suspensión de los términos en el juicio político contra Solanda Goyes Quelal, vocal principal del Consejo de la Judicatura. La solicitud se basó en el estado de salud de la funcionaria. La decisión se tomó el miércoles 9 de julio de 2025. El CAL argumentó su falta de competencia en el procedimiento.
Decisión del CAL y argumentos
La legisladora Mónica Salazar presentó la moción. Ella sostuvo que el CAL carece de competencia para actuar. El proceso de enjuiciamiento político ya fue calificado. La Comisión de Fiscalización lo admitió a trámite. Por lo tanto, el CAL no debe interferir.
La Comisión de Fiscalización es el órgano sustanciador. Debe analizar la documentación de Solanda Goyes. Ella presentó argumentos para su defensa. La resolución debe ser conforme a la Constitución. La Ley Orgánica de la Función Legislativa respalda este proceso.
Contexto del juicio político
El juicio político contra la vocal Solanda Goyes sigue su curso. La negativa del CAL implica que los plazos se mantienen. Esto es relevante para la Función Judicial ecuatoriana. El Consejo de la Judicatura es vital para la administración de justicia. Estos procesos son de interés público.
La fiscalización de funcionarios es una tarea legislativa. Garantiza la transparencia y el correcto desempeño. La salud de los interpelados se considera. Sin embargo, los procedimientos constitucionales prevalecen. La decisión del CAL lo confirma.
Proyectos de ley no calificados
El CAL también revisó cuatro proyectos de ley. La Unidad Técnica Legislativa (UTL) los analizó. La UTL recomendó no calificarlos. No cumplían los criterios de admisibilidad. Estos criterios están en el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Con siete votos, el CAL decidió no calificarlos. Esta acción demuestra el rigor en el proceso legislativo. La UTL evalúa la pertinencia y viabilidad de las iniciativas. Solo las propuestas que cumplen la norma avanzan. Esto asegura la calidad de la legislación.
