El Tribunal de Garantías Penales de Loja dictó una sentencia de 29 años y 4 meses de prisión contra Jaime M., declarado culpable de violar en varias ocasiones a su hijastra, una adolescente de 13 años, en hechos ocurridos en mayo de 2021.
La resolución fue emitida tras un juicio en el que se analizaron las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado. La pena representa, es la máxima contemplada para este delito, agravada por las circunstancias del caso. La víctima, quien quedó embarazada como consecuencia de los abusos, relató lo sucedido tras dar a luz en febrero de 2022, lo que dio inicio a la investigación.
Según los detalles del proceso, Jaime M. aprovechó su posición de poder sobre la menor, utilizando engaños y amenazas para perpetrar los ataques sexuales. La denuncia inicial permitió a la Fiscalía General del Estado recopilar un conjunto sólido de pruebas que sustentaron la acusación durante el juicio.
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Pruebas de la Fiscalía General del Estado
Entre los elementos clave presentados estuvieron el testimonio anticipado de la víctima, en el que identificó al agresor y describió los hechos con claridad. Los testimonios de su madre, de la psicóloga que realizó la pericia y de la obstetra que acompañó a la adolescente durante su gestación. Además, se incluyeron las historias clínicas del embarazo y el parto, las partidas de nacimiento de la víctima y su hijo. También constan el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y los reportes médico-legal, psicológico y de trabajo social.
El artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador sanciona el delito de violación con una pena de 19 a 22 años de privación de libertad. Sin embargo, el Tribunal aplicó agravantes previstas en la normativa, considerando factores como la edad de la víctima. La relación de autoridad del agresor y la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la menor, también fueron parte del proceso.
Con las pruebas, la Fiscalía General del Estado solicitó la imposición de una condena superior al rango básico. Así se envió un mensaje contundente sobre la gravedad de este tipo de crímenes. El informe de trabajo social, en particular, destacó las condiciones de desprotección de la adolescente, lo que reforzó la necesidad de una sanción ejemplar.
Este caso pone de relieve el compromiso de las autoridades judiciales ecuatorianas en la protección de menores frente a la violencia sexual. La sentencia no solo busca castigar al responsable, sino también visibilizar la importancia de denunciar estos delitos y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas. Organizaciones de derechos humanos han aplaudido el fallo, aunque insisten en la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y apoyo a quienes enfrentan situaciones similares.
