Una concejala de Balzar, un cantón de Guayas, compareció ante la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes. Lizeth Hurtado, denunciante, ofreció su testimonio directo sobre los impactos de los atentados químicos registrados en varias instituciones educativas.
Esta comparecencia tuvo lugar a mediados de agosto de 2025 y buscó respuestas sobre la situación que afecta a la comunidad educativa. La Defensoría del Pueblo también presentó un informe sobre sus acciones.
Preocupación por la seguridad estudiantil
La concejala Hurtado relató que los ataques han causado graves afectaciones a la salud y el bienestar de los estudiantes. Hasta el momento, no se ha identificado a los responsables. Dolores Cabrera, vicealcaldesa de Balzar, expresó su lamento por los hechos.
Explicó que el Ministerio de Salud Pública atendió a los niños afectados en el hospital de Balzar. La ayuda logística provino del gobierno provincial y del Comité de Operaciones de Emergencia (COE).
La vicealcaldesa destacó la asistencia psicológica que brinda la Defensoría Pública a las familias. Ella solicitó la intervención de la Asamblea Nacional y otros ministerios. El objetivo es devolver la tranquilidad a la comunidad y asegurar que la celebración por los 122 años de cantonización no se vea opacada por la inseguridad.
Falta de respuestas de las autoridades
Alfredo Cedeño, de la Comisión de Educación de Balzar, cuestionó la falta de respuestas de la Fiscalía. Aclaró que no existen informes oficiales ni avances investigativos, a pesar de las denuncias presentadas. Esta situación, advirtió Cedeño, deja a las familias en estado de indefensión. Por ello, los concejales han financiado la instalación de cámaras de seguridad en 17 escuelas.
Cedeño también mostró su preocupación por la suspensión de actividades culturales y cívicas ordenada por el Ministerio de Educación. Esta medida, afirmó, mantiene a miles de niños y adolescentes en situación de riesgo. Por esta razón, pidió el respaldo urgente de las instituciones para garantizar sus derechos y salvaguardar su integridad.
Múltiples ataques y amenazas
Rodrigo Varela, delegado de la Defensoría del Pueblo, confirmó que se han registrado ocho atentados. Cinco ocurrieron en 2024 y tres en lo que va de 2025. Estos hechos, según Varela, evidencian una falta de diligencia en el inicio de las investigaciones.
La Defensoría ha requerido información a la Fiscalía Provincial, a los ministerios de Educación, Salud Pública, Gobierno y a la Gobernación para verificar acciones. Además de las afectaciones a estudiantes, existen amenazas contra docentes y personal administrativo. Se presume que estas amenazas están vinculadas al crimen organizado.
Viviana Veloz, presidenta de la comisión legislativa, enfatizó que ningún niño debe morir por la crisis de salud. Solicitó autorización para remitir oficios a organismos internacionales que protegen los derechos de la niñez y la salud. Advirtió que estos recientes eventos confirman que los niños del país están en grave riesgo.
