En Jipijapa, la seguridad fue el eje de una mesa técnica que reunió a autoridades provinciales y locales. De allí salieron compromisos puntuales que incluyen operativos integrados, refuerzo de la infraestructura educativa y policial, y control en las zonas rurales.

La cita estuvo encabezada por la gobernadora de Manabí, Aurora Valle, y la alcaldesa Ángela Plúa. La preocupación principal fueron los delitos que afectan al cantón y la necesidad de respuestas inmediatas.

Acciones acordadas para reforzar la seguridad

El encuentro dejó sobre la mesa un paquete de compromisos que buscan impactar en la vida diaria de los jipijapenses:

• Operativos integrados entre Intendencia, Policía Nacional y Municipio, para reforzar la presencia en calles y sectores conflictivos.

• Intervención vial en comunidades rurales por parte del GPM, con el fin de mejorar accesos y control de movilidad.

• Repotenciación de instituciones educativas y Unidades de Policía Comunitaria (UPC), como parte de una estrategia preventiva.

• Aplicación de ordenanzas municipales para reforzar espacios públicos y reducir factores de inseguridad.

“La seguridad debe construirse desde el territorio, con políticas alineadas a las verdaderas necesidades de la comunidad”, señaló la gobernadora.

La alcaldesa Ángela Plúa subrayó que los compromisos deberán cumplirse con el seguimiento de los acuerdos establecidos.

Evaluación periódica de los compromisos

Uno de los acuerdos fue sostener reuniones periódicas para revisar el avance de cada medida. Esta dinámica busca evitar que los compromisos se diluyan. La idea es que los informes de cumplimiento se socialicen con la ciudadanía.

Aunque los operativos policiales son clave, la mesa técnica reconoció que la seguridad también pasa por infraestructura y prevención. De allí el énfasis en repotenciar escuelas y UPC, espacios que cumplen un rol doble: brindar servicios básicos y, al mismo tiempo, ser puntos de vigilancia comunitaria.

Los compromisos alcanzados en Jipijapa marcan un paso hacia un modelo de seguridad que incluye: patrullajes integrados, mejoramiento de vías rurales, escuelas en mejores condiciones y UPC fortalecidas. El verdadero reto será sostener estas medidas en el tiempo y convertirlas en una señal clara de que la población puede recuperar la confianza en las instituciones.

Durante el primer semestre de 2025, Ecuador registró 4.619 homicidios, un 47 % más que en 2024. Es la cifra más alta para ese periodo, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO). De ese total, Manabí reportó 568 casos, siendo una de las provincias más golpeadas junto con Guayas (2.289) y Los Ríos (600). Este escenario evidencia que la violencia no es un problema aislado. Esto refuerza la urgencia de que cantones como Jipijapa ejecuten los compromisos acordados como parte de una estrategia integral que ayude a contener la crisis de seguridad en la Costa.