Pablo Dávila Maldonado, comandante general de la Policía Nacional del Ecuador, reveló que 285 personas cumplen arresto domiciliario bajo custodia permanente de 800 policías, un recurso vital en medio de la crisis de seguridad nacional. La declaración se realizó en una entrevista televisiva.

Cientos de policías fuera de las calles en Ecuador

Durante su intervención Dávila Maldonado expresó su preocupación por el uso desmedido del arresto domiciliario como medida sustitutiva. Señaló que esta situación compromete gravemente el patrullaje ciudadano. Aseguró que los agentes asignados a custodiar a estas personas no pueden cumplir con tareas de vigilancia en las calles. “Esos 800 servidores policiales deberían estar en las calles cuidando la seguridad ciudadana”, enfatizó el jefe policial.

El comandante subrayó que estos arrestos domiciliarios requieren vigilancia constante, lo cual implica una asignación de recursos humanos desproporcionada, considerando el contexto de violencia y crimen organizado que vive el país.

Riesgos para policías y fallas en el sistema judicial en Ecuador

Dávila también criticó que las resoluciones judiciales no siempre se apegan a las directrices del Consejo de la Judicatura. La institución exige un informe de condiciones de seguridad antes de conceder arrestos domiciliarios. A pesar de ello, jueces continúan dictando esta medida incluso para personas ubicadas en zonas de alto riesgo. “Muchos de los lugares donde están estas personas o sus domicilios son muy peligrosos”, advirtió el comandante en Teleamazonas.

“No están en condiciones tanto para el privado de la libertad y peor para el policía”, añadió.

Esta situación expone a los uniformados a peligros innecesarios y pone en evidencia una falta de coordinación entre el sistema judicial y la fuerza pública.

Alternativas propuestas y contexto del conflicto interno

Dávila sugirió alternativas como el uso de grilletes electrónicos, que permitirían monitorear a los beneficiarios del arresto domiciliario sin requerir la presencia física de policías las 24 horas.

La discusión se produce en un contexto de creciente violencia. Ecuador, por su ubicación estratégica entre Colombia y Perú, se ha convertido en un corredor del narcotráfico hacia los mercados de Estados Unidos y Europa. A esto se suma el impacto de la operación Metástasis (diciembre 2023), que destapó una red de corrupción entre jueces, fiscales y policías, infiltrada por el crimen organizado.

En Ecuador el presidente Daniel Noboa declaró un conflicto armado interno el 9 de enero de 2024 mediante el Decreto Ejecutivo N° 111. Identificó a 22 grupos criminales como organizaciones terroristas y autorizó operaciones militares amparadas en el Derecho Internacional Humanitario.

Pobreza y deuda de la justicia en Ecuador

El país enfrenta, además, una profunda crisis social. El 21,2% de los trabajadores se encuentra en condiciones de empleo precario, lo que facilita el reclutamiento de jóvenes por bandas criminales en zonas marginales.

Pablo Dávila hizo un llamado firme al sistema judicial para que actúe con responsabilidad frente a esta realidad: “Estamos enfrentándonos a estructuras muy peligrosas. El sistema de justicia tiene que cumplir su parte”, sentenció.