En un operativo conjunto, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) y la Comisaría Nacional de Policía, inspeccionaron varios establecimientos de alimentos en Loja.
Durante la intervención, detectaron graves irregularidades. El supermercado clausurado está ubicado al sur de la ciudad. El cierre es temporal hasta que el local cumpla con las normativas.
Serias deficiencias sanitarias en el supermercado
La inspección reveló que la cámara de frío del establecimiento no funcionaba. Esto afectaba la correcta conservación de los productos que requieren refrigeración. Esta deficiencia sanitaria representa un riesgo para los consumidores. Los alimentos estaban almacenados de manera incorrecta.
Se hallaron productos en contacto directo con focos de contaminación. Entre estos, se encontraron basura y agua estancada. Estos elementos generaban olores desagradables dentro del local.
Además, los inspectores detectaron la venta de productos caducados en las perchas. Estos productos expirados representaban un grave peligro. Su consumo podría provocar serios problemas de salud a los clientes. La venta de estos artículos viola las normativas vigentes. Las autoridades tomaron acciones inmediatas. La clausura temporal del local es una medida preventiva. Así, se garantiza la seguridad de los ciudadanos.
Consecuencias legales y administrativas
La clausura es la primera de varias acciones. Se iniciará un proceso administrativo sancionador. Este proceso se rige por la Ley Orgánica de Salud. Las sanciones pueden incluir multas económicas significativas. También podrían aplicarse otras penalizaciones administrativas.
El objetivo es que el propietario del supermercado corrija todas las irregularidades detectadas. La reapertura del local dependerá del cumplimiento de estas exigencias.
Arcsa hace un llamado a la ciudadanía. La agencia pide reportar cualquier anomalía sanitaria. El reporte se puede hacer a través de sus canales oficiales. Esta colaboración es para proteger la salud pública. Los ciudadanos pueden ser los primeros en detectar problemas. Así se evita la venta de productos caducados o en mal estado.