Una crisis en el sistema de transporte urbano amenaza con golpear directamente a miles de moradores en Manta, particularmente a aquellos que residen en barrios como San José, La Victoria, San Agustín, Pacífico, entre otros. La alerta se enciende sobre la posible desaparición de la Línea 4 (Altagracia) de la Federación de Transportistas Urbanos de Manabí (Fetum), la cual dejaría de operar por la conjunción de una baja demanda de usuarios y el creciente costo de mantener su funcionamiento.
Orley Veliz, ciudadano y propietario de una farmacia ubicada en la esquina de la calle Oliva Miranda y Av. J. Rivera, palpa esta realidad en la parada de bus frente a su local. Él señaló que la espera por la ruta se extiende hasta 40 minutos, una demora que se traduce en un "mal servicio". Esta percepción es compartida por otros usuarios, quienes recuerdan que, en el pasado, la línea solía pasar cada 15 minutos. Hoy, ante la desesperación por la tardanza, los moradores han optado por caminar hasta la avenida 113 o la gasolinera en la vía a El Palmar para abordar otras unidades, contó.
La suspensión de esta línea representa un perjuicio, ya que el servicio es fundamental para trabajadores y personas que se dirigen a lugares como el MIES que queda en la zona o los estudiantes de colegios y universidades cuando va sus centros de estudio. María Dolores Zambrano, una jubilada, confirmó que la línea es vital para trasladarse al centro o a casa de familiares, y que aunque a veces debe esperar, prefiere hacerlo antes que pagar el doble de pasaje en otro transporte. Sin embargo, la poca frecuencia hace que la gente perciba que la línea tiene pocos usuarios, cuando el problema radica en que "el servicio tiene un costo operativo alto, especialmente por el combustible".
La justificación del alto costo
Daniel García, presidente de la Fetum, justifica la posibilidad de suspender operaciones por el descontrolado aumento de los costos, cuyo principal factor es el combustible. La operación de cada unidad está poniendo diariamente entre 25 y 30 dólares más de lo que normalmente se gastaba antes. La situación se agrava al considerar que el precio del diésel se ha casi triplicado, pasando de 1.80 dólares, cuando se inició la compensación, a casi 3 dólares en la actualidad.
El dirigente de los transportistas explicó que el combustible es un gasto diario que debe ser cubierto con la recaudación del bus al instante, no puede esperar por un pago diferido del gobierno. García recordó que la transportación urbana, a la que pertenece la Fetum, se regula por los municipios (Decreto 125), no por el gobierno central.
El fin inminente de la compensación
La medida de compensación que implementó el gobierno central hace meses, en el contexto de un alza nacional de precios, está llegando a su fin. García detalló que la compensación fue establecida en base a un precio de diésel de 1.80 dólares y que, incluso cuando el valor subió a 2.80 dólares, la diferencia de 1 dólar no fue compensada totalmente, sino que los ajustes se realizan por encima o por debajo de los 2.80 dólares.
García manifestó que la octava y última compensación se espera para mediados de abril. "Si bien el Decreto 352 ratificó siete meses de compensación para los intraprovinciales, a los urbanos se les ratificaron ocho meses, con una cláusula que establece que la Comisión de Optimización Energética "podrá" analizar cuatro meses adicionales", explicó. Sin embargo, el dirigente enfatizó que la palabra "podrá" no significa que sea obligatorio y admitió no conocer ni haber tenido contacto con dicha Comisión.
El ultimátum es el 15 de mayo. Dado que el gobierno paga con un mes de anticipación para garantizar la liquidez operativa, el pago recibido cubre hasta esa fecha. Si para el 15 de mayo no se confirma la extensión de esos cuatro meses, la Fetum advierte que deberá "cambiar la operación en la calle".
Rutas a guardar y el impacto social
La ruta 4 es una de las que ya no es económicamente sostenible y será la primera en la mira para "guardar" unidades y optimizar recursos. La Línea 15 a San Juan, por ejemplo, ya dejó de circular recientemente. Además de la 4, otras rutas que podrían desaparecer por su baja demanda son la 11, 9 y 13.
Actualmente, Fetum cuenta con 181 unidades repartidas en 5 operadoras, cubriendo 15 rutas (tras la eliminación de dos anteriores). Si las líneas en la mira salen de circulación, Manta se quedaría apenas con la mitad de sus rutas operando. Incluso las rutas que se mantienen sufrirán, ya que la primera medida será "abrir los intervalos" (aumentar el tiempo de espera) para intentar prolongar el servicio. Rutas troncales como la 8 y 14, que circulan cada 5 a 10 minutos, pasarían a operar cada 10 a 20 minutos. Y esto preocupa a Noemi Peralta, universitaria. "Tendremos que modificar nuestros horarios y salir con tiempo para asegurar movilizarnos", dijo.
Respecto a la ruta 7 (Los Artesanos), García confirmó que solo se sostiene porque los moradores de ese sector asumen 10 centavos adicionales, pagando 50 centavos, mientras el resto de la ruta paga 40. Esta medida ha evitado la salida de la ruta desde septiembre pasado.
El dilema de la tarifa
El presidente de la Fetum sostiene que el contrato de delegación obliga al municipio a garantizarles una estabilidad financiera a través de la tarifa, y al no hacerlo, el contrato se está rompiendo. Si no se regula, la ciudad se encarecerá, afectando a estudiantes que pagan 20 centavos en bus y a personas con discapacidad, quienes no reciben descuentos en taxis, por ejemplo.
Según la metodología de cálculos matemáticos vigente desde enero de 2022, el punto de equilibrio para que una unidad opere sin ganancias es de 51 centavos. Sin embargo, la tarifa "real" que garantiza la operación beneficiosa de las unidades es de 68 centavos de dólar. La alternativa sería una "tarifa socialmente justa" de, por ejemplo, 50 centavos, en cuyo caso la diferencia tendría que ser subsidiada por el municipio.
La decisión final sobre la nueva tarifa recae en la empresa de movilidad, que debe emitir los informes técnicos, y el Concejo Cantonal, que deberá aprobar o rechazar los estudios.
Para el dirigente del transporte público, la inacción de las autoridades obligaría a los usuarios a caminar hasta 1000 metros para encontrar otras rutas, como sucedería con los residentes de San Agustín que deben moverse a la ruta 2, 8, o 14, en lo que se convierte en una "mala calidad de servicio, una mala calidad de vida". Por ello hace un llamado a la resolución urgente del tema este año, advirtiendo que, si no se resuelve y el gobierno elimina la bonificación, "lastimosamente el transporte se va a la quiebra".
