Santo Domingo le pone un alto a los fiesteros
El avance de los contagios por covid-19 en la ciudad de Santo Domingo se lo quiere frenar por cualquier frente. La ordenanza de distanciamiento social, que establece protocolos para evitar más casos coronavirus, entró en vigencia.
La normativa fue aprobada por el Concejo municipal un año después del inicio de la pandemia y acarrea sanciones económicas por incumplimientos.
Los artículos son de aplicación obligatoria en el cantón Santo Domingo, para predios públicos y privados, según se detalla en el documento.
En ella se prohíbe la realización de eventos sociales, fiestas y aglomeraciones.
Los locales que infrinjan la norma excediendo su aforo permitido serán multados con 40 dólares.
En el caso de las fiestas, la multa por primera vez será de $ 80, luego de $ 160 y la tercera será de $ 400.
Se sumarán las sanciones por no portar mascarilla (40 dólares por primera vez), por contaminación auditiva (de $ 50 a $ 100) y por mal uso de permiso de uso de suelo, esta última se aplicará al dueño del inmueble, informó la concejal Macarena Jiménez.
La edil explicó que si el inmueble es rentado, el propietario debe presentar el contrato respectivo.
La normativa también establece que el Municipio derivará los casos a la Fiscalía para que, de ser el caso, se impongan sanciones determinadas en el Código Orgánico Integral Penal.
Para la concejal Clara Hinojosa, la ordenanza se regula dentro de las competencias municipales. “Es un apoyo a la labor de control que realiza la Policía y la Gobernación”, señala.
Wilson Rumiguano, intendente, sostuvo que ahora se podrá sancionar a los propietarios de las viviendas en donde se realicen fiestas. “Con el estado de excepción la Policía Nacional tendrá la potestad de entrar a los domicilios a interrumpir los eventos”, indicó.
Esto no ocurría hasta hace poco y las autoridades debían limitarse a encender las balizas de los patrulleros en espera de que los fiesteros terminaran la farra.
Así ocurrió el sábado 20 de marzo en un festejo en una casa a la que acudieron 150 venezolanos.
Las fiestas serán judicializadas con Fiscalía para el cobro de la multa y la normativa sigue vigente aunque se termine el estado de excepción.
