A ocho años del secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio en la frontera norte, la justicia en Ecuador permanece estancada. Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo Paúl Rivas, denunció este 7 de mayo de 2026 que el proceso se mantiene en etapa de indagación previa sin responsables detenidos en territorio nacional. A diferencia de Colombia, donde existen sentenciados por el crimen, el Estado ecuatoriano ha sido señalado por la falta de voluntad política y la opacidad en el manejo de la información sensible relacionada con los hechos ocurridos en 2018.
La controversia actual se centra en el incumplimiento del auto de verificación emitido por la Corte Constitucional el pasado 16 de abril. Dicha resolución obligaba al Ministerio del Interior a desclasificar y entregar de forma íntegra las actas 18, 19 y 20 del Consejo Nacional de Seguridad. Sin embargo, según Rivas, el plazo legal para este cumplimiento venció el lunes 4 de mayo sin que los familiares recibieran una respuesta oficial o el acceso total a los documentos, lo que profundiza la sensación de impunidad sistemática.
Persistencia de la impunidad y el rol de la justicia
Durante la entrevista en Manavisión Plus, Rivas destacó que el acceso a la información ha sido una barrera constante desde el inicio de la tragedia. Aunque la Corte Constitucional ordenó en 2024 la liberación de los archivos, la documentación entregada presenta graves irregularidades. El familiar asegura que los archivos recibidos tienen párrafos tapados, saltos de hasta 17 páginas y relatos incoherentes que impiden reconstruir la línea de mando y las decisiones tomadas por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (COSEPE) durante la crisis de 2018.
Esta "desclasificación a medias" es vista por los familiares como una estrategia de ocultamiento estatal. Rivas enfatizó que la Fiscalía General del Estado no ha impulsado diligencias fundamentales, como la reconstrucción de los hechos o la investigación profunda sobre por qué se decidió no proceder con el canje de los periodistas por tres detenidos del grupo irregular. La inacción de las autoridades sugiere un intento de proteger a funcionarios de alto rango que aún podrían formar parte de las estructuras del Estado.
Inconsistencias en la información desclasificada
Uno de los hallazgos más alarmantes tras el acceso parcial a las actas es la discrepancia en las fechas. Según Rivas, la información disponible sugiere que el Gobierno ecuatoriano ya conocía del asesinato del equipo periodístico alrededor del 7 y 8 de abril de 2018. Sin embargo, la comunicación oficial a la ciudadanía y a las familias se realizó recién el 13 de abril, tras la filtración de fotografías en redes sociales. Esta demora indicaría que el Estado priorizó el manejo de la imagen pública sobre la transparencia y la seguridad de las víctimas.
Además, las actas revelan que el ocultamiento fue una política aplicada también en otros casos críticos, como el secuestro de Oscar y Katty. La manipulación de los documentos desclasificados, con hojas en blanco y diálogos eliminados, impide conocer la posición real de los ministros y del presidente de la época. Para Rivas, este "silencio estatal" es un mensaje peligroso para la sociedad, pues valida que cualquier actor puede agredir a la prensa o a defensores de derechos humanos sin enfrentar consecuencias legales.
Responsabilidad estatal y el camino a instancias internacionales
Al analizar la gestión de los últimos tres gobiernos, Rivas señaló responsabilidades diferenciadas. Sobre el gobierno de Lenín Moreno, recae la responsabilidad directa de la omisión y el ocultamiento inicial. En cuanto a la administración de Guillermo Lasso, se criticó la extensión de la reserva de información de 5 a 10 años. Finalmente, el actual gobierno de Daniel Noboa, aunque no estuvo involucrado en los hechos de 2018, es cuestionado por el cumplimiento defectuoso de la sentencia constitucional a través de su Ministerio del Interior.
Ante el agotamiento de las vías internas y la falta de respuestas claras, el equipo legal de las familias proyecta presentar una demanda internacional antes de finalizar el año 2026. El objetivo es que una justicia externa evalúe la vulneración de derechos y la opacidad del Estado ecuatoriano. Mientras tanto, los familiares enviarán un informe a la Corte Constitucional notificando el incumplimiento del Ministerio, buscando que los jueces tomen medidas definitivas frente a lo que consideran una afrenta a la libertad de expresión y a la memoria de Javier, Paúl y Efraín.
