Durante los últimos cinco años, las cárceles de Ecuador concentran una parte de la crisis de seguridad. El Plan Nacional de Seguridad Integral incorpora una estrategia para reorganizar el sistema penitenciario. Además, plantea reformas institucionales, inversiones y nuevas herramientas tecnológicas para recuperar el control estatal.
Masacres, motines, fugas, disputas entre organizaciones criminales y el dominio de pabellones por bandas marcan el deterioro del sistema penitenciario. En consecuencia, el Estado mantiene la presencia de las Fuerzas Armadas dentro de los centros de privación de libertad para reforzar la seguridad.
Plan Nacional de Seguridad Integral prioriza la reforma penitenciaria
El documento correspondiente al Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029 ubica al sistema penitenciario entre los ejes centrales de la política de seguridad. Por ello, propone una reforma institucional del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) y una modernización progresiva de la administración carcelaria.
El objetivo consiste en recuperar la gobernanza del sistema penitenciario. Además, busca impedir que las prisiones continúen operando como espacios desde donde organizaciones criminales coordinan actividades ilícitas.
Las cárceles pasan a ser zonas estratégicas de seguridad
Uno de los principales cambios contempla declarar a todos los Centros de Privación de Libertad (CPL) como zonas de seguridad. Con esta decisión, el Gobierno incorpora a las cárceles dentro de la infraestructura estratégica del Estado y establece un régimen especial articulado con la política nacional.
El diagnóstico del plan identifica una "crisis estructural", caracterizada por hacinamiento, violencia y limitaciones institucionales para ejercer un control efectivo. Hasta julio de 2025, el sistema penitenciario registró 34.612 personas privadas de libertad y un 29,06 % de hacinamiento, según el documento.
Además, el informe indica que, aunque las muertes violentas disminuyeron entre 2021 y 2024, durante 2025 volvió a registrarse un incremento de homicidios dentro de los centros penitenciarios.
Plan Nacional de Seguridad Integral fortalece al SNAI
El documento establece como Objetivo Estratégico 3 la reconstrucción del sistema penitenciario como parte de la seguridad nacional. Para ello, plantea una reforma integral del SNAI, la actualización del marco legal y la creación de un plan de carrera para el Cuerpo de Vigilancia y Seguridad Penitenciaria (CVSP).
Asimismo, incorpora inversiones en infraestructura, nuevas tecnologías de vigilancia y una mayor integración entre los sistemas de inteligencia penitenciaria, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otras entidades estatales.
El plan también establece que la administración penitenciaria deberá alcanzar autonomía institucional. En ese escenario, a partir de 2027, las Fuerzas Armadas dejarán las funciones extraordinarias que actualmente desarrollan dentro de las cárceles.
La tecnología tendrá un papel central
La modernización tecnológica constituye uno de los pilares de la estrategia. El Gobierno proyecta incorporar sistemas avanzados de vigilancia e incrementar la interoperabilidad del subsistema de inteligencia penitenciaria.
Además, el plan contempla integrar información en tiempo real con organismos militares, policiales y financieros para detectar estructuras criminales vinculadas con los centros penitenciarios.
Entre las herramientas previstas constan inteligencia artificial, drones, sistemas de comunicación satelital y plataformas de ciberseguridad para proteger la infraestructura penitenciaria frente a posibles ataques o interferencias tecnológicas.
Salida gradual de los militares de las cárceles
El Plan Nacional de Seguridad Integral establece que el SNAI deberá recuperar plenamente la administración de la seguridad penitenciaria. Actualmente, las Fuerzas Armadas mantienen presencia en los centros como parte de las medidas adoptadas durante la crisis penitenciaria y el conflicto armado interno declarado por el Gobierno.
La estrategia plantea una transición progresiva. En consecuencia, la presencia militar terminará cuando el sistema penitenciario disponga de personal capacitado, mejores capacidades operativas y una estructura institucional fortalecida.
El reto será recuperar el control del sistema
El documento fija como meta que el SNAI retome completamente el control de las cárceles en 2027. Sin embargo, especialistas consideran que ese objetivo dependerá de la capacidad del Estado para recuperar la gobernabilidad dentro de los centros penitenciarios y consolidar las reformas previstas en el Plan Nacional de Seguridad Integral.
