La Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausuró el 19 de marzo de 2026 una concesionaria ubicada en la av. 6 de Diciembre, en Quito, tras detectar falta de permisos municipales y recibir denuncias por presunta estafa en la venta de vehículos. Conozca los detalles de la clausura.
Clausura tras alerta policial
El operativo se ejecutó en el sector de La Mariscal, luego de una alerta emitida por la Policía Nacional. Esta advertencia se originó por denuncias relacionadas con posibles irregularidades en la comercialización de automotores.
Durante la intervención, las autoridades verificaron que el establecimiento operaba sin los permisos requeridos. Esta situación constituye una infracción al Código Municipal vigente.
Además, la clausura se aplicó de forma inmediata. La medida busca prevenir riesgos y evitar nuevas afectaciones a la ciudadanía.
Denuncias por presunta estafa y clausura
Según testimonios ciudadanos, el local ofertaba vehículos a través de redes sociales. Los interesados debían realizar un pago inicial para concretar la compra.
Sin embargo, los automotores ofrecidos no eran entregados. Esta situación generó múltiples denuncias por presunta estafa.
El supervisor metropolitano Gustavo Chiriboga indicó que los afectados presentaron sus casos ante la Fiscalía General del Estado.
Clausura por falta de permisos y riesgos adicionales
Durante la inspección, la AMC constató que el establecimiento no contaba con autorización del Cuerpo de Bomberos de Quito.
Este incumplimiento representa un riesgo para clientes y trabajadores. La normativa exige cumplir condiciones de seguridad en locales comerciales.
Además, la ausencia de permisos municipales impide el funcionamiento legal del negocio. Por ello, la clausura se ejecutó conforme a la normativa vigente.
Sanciones establecidas en la normativa
El Código Municipal establece sanciones para estos casos. Los establecimientos que operen sin permisos pueden enfrentar multas económicas.
Las sanciones alcanzan hasta cuatro salarios básicos unificados, dependiendo de la gravedad de la infracción y la clausura.
Estas medidas buscan garantizar el cumplimiento de la normativa. También pretenden proteger a los consumidores frente a prácticas irregulares.
Competencias institucionales
La AMC tiene la facultad de controlar el uso adecuado del suelo y el cumplimiento de permisos. Su accionar se centra en el ámbito administrativo.
Por otro lado, la investigación penal corresponde a la Fiscalía. Esta entidad determinará posibles responsabilidades en las denuncias presentadas.
Las autoridades recomiendan a la ciudadanía verificar la legalidad de los establecimientos. Además, sugieren evitar pagos anticipados sin respaldo documental.
