El reconocido oceanógrafo de la ESPOL, Franklin Ormaza, analiza con rigurosidad científica las verdaderas implicaciones de El Niño , cuestiona con dureza la falta de preparación de los municipios y de la sociedad civil, y arroja una luz de esperanza basada en modelos climáticos interdecadales.
Se habla mucho de El Niño como una anomalía climática temporal. Desde una perspectiva científica, ¿cómo debemos definirlo y qué está ocurriendo actualmente en el océano?
El Niño no es una anomalía simple ni una distorsión superficial de la temperatura del agua o de los vientos; es un proceso complejo. Lo primero que ocurre es que se declaran formalmente las condiciones de las variables tanto meteorológicas como oceanográficas. Para que el evento se consolide, las variables oceanográficas deben superar los umbrales establecidos por al menos cinco meses, y las meteorológicas por tres meses. Actualmente, ya registramos aproximadamente tres semanas bajo estos parámetros. Es decir, el evento se va a dar, a menos que ocurra algo extraordinario que no creo que pase.
Sin embargo, ese fenómeno al que todo el mundo se refiere está ocurriendo en el Pacífico Central, en una región científica denominada Área 3.4, situada a unos 8.000 kilómetros de nuestra costa. Lo que recibimos en nuestras playas —en la llamada Área 1+2— es el impacto derivado de ese evento. El proceso está en marcha en la mitad del Pacífico, pero todavía no conocemos con certeza su intensidad. Los modelos globales apuntan a que superará el nivel moderado. Según mis propios modelos, fluctuará entre moderado y fuerte; no creo que sea un "súper evento" o un "Godzilla". En el peor de los casos, se mantendrá en un rango fuerte.
Existe la creencia de que la intensidad con la que se desarrolla el fenómeno en el Pacífico Central se replica de forma idéntica en Ecuador. ¿Es esto correcto?
Debemos aclarar que la intensidad del evento en el Pacífico Central no necesariamente se replica aquí. En nuestras costas el impacto puede ser más fuerte, menos fuerte, de igual intensidad o, inclusive, puede no ocurrir absolutamente nada. La historia nos deja ejemplos muy claros de esto.
Entre 1939 y 1942 ocurrió un evento El Niño considerado "humilde" o moderado en la zona 3.4. Sin embargo, el impacto aquí fue el más fuerte del que se tenga registro, aunque muchos no lo recuerden. En Guayaquil llovieron 8.500 milímetros, casi cinco veces más de su promedio habitual (que ronda los 1.500 a 1.700 milímetros). En Manta llovió ocho veces más de lo normal. En contraste, durante El Niño de 1982-1983, que fue muy fuerte en el Pacífico, en Guayaquil se registraron alrededor de 4.000 milímetros. En el "súper niño" de 1997-1998, las lluvias en Guayaquil superaron los 5.000 milímetros. Nada ha superado lo que vivimos entre 1939 y 1942.
Por otra parte, tenemos casos donde no ocurrió nada en nuestro litoral. En 2015-2016 se desarrolló un "súper niño" global y aquí tuvimos un invierno prácticamente normal. En el período 2023-2024 las alarmas indicaban que nos íbamos a inundar y terminamos con lluvias por debajo del promedio. ¿Cuándo sabremos con certeza qué pasará en Ecuador? La película clara de lo que ocurrirá en nuestras costas la tendremos recién entre septiembre, octubre o noviembre.
Actualmente hay un calentamiento en el mar ecuatoriano que se arrastra desde marzo y que no se ha enfriado a la velocidad habitual. Nuestro mar presenta hoy temperaturas similares a las que debería tener a mediados de mayo; registramos un retraso de seis semanas respecto al comportamiento histórico.
Si bien El Niño suele asociarse directamente con inundaciones en el litoral, también provoca efectos opuestos en otras regiones. ¿Qué escenario debemos esperar para las distintas provincias del país?
El impacto es geográficamente polarizado. En la región Costa y hasta la ladera occidental de los Andes (a unos 1.700 metros de altura), el efecto es directo en forma de lluvias intensas, temperaturas elevadas y la consecuente proliferación de enfermedades, además de daños severos en infraestructura como carreteras, puentes y viviendas.
Sin embargo, al otro lado de la cordillera, en la Amazonía y en la ladera oriental de los Andes, ocurre exactamente lo contrario: se presenta una severa escasez de lluvias que tiende a la sequía. Esto me preocupa profundamente por la generación eléctrica del país. Es muy probable que a finales de este año e inicios de 2027 tengamos estiajes mucho más intensos, lo que disminuirá drásticamente el nivel de las represas y provocará los ya conocidos racionamientos hidroeléctricos. Este comportamiento responde a las "teleconexiones" del fenómeno: mientras California sufre lluvias torrenciales, la cuenca amazónica (peruana y brasileña), África, Pakistán, la India y Australia enfrentan sequías extremas. Globalmente, El Niño genera más sequía que lluvia.
"En este momento estamos menos preparados que en 1997-1998, por seguro. La intensidad del impacto no depende tanto del fenómeno, sino de cómo reaccionemos como sociedad civil e institucional".
Oceanógrafo de la ESPOL, Franklin Ormaza
Frente a este riesgo de sequía en la vertiente oriental, ¿se puede estimar en qué porcentaje se reducirá el caudal de los ríos que alimentan a nuestras principales hidroeléctricas?
Es imposible determinar un porcentaje exacto en este momento, y cualquiera que se atreva a dar una cifra está especulando. Predecir lluvias con meses de anticipación, y peor aún su intensidad y duración exacta, es sumamente complejo. El clima a corto plazo se puede pronosticar con un margen de dos o tres días, no más.
Lo que sí podemos establecer con rigurosidad es la tendencia de la estación. La tendencia nos indica que habrá menos lluvias en la vertiente oriental, serán menos frecuentes y menos intensas, lo que causará una disminución importante en el caudal de los ríos. La magnitud de la baja dependerá directamente de qué tan marcada sea la reducción de las precipitaciones.
Evaluando la respuesta institucional, el Gobierno y varios organismos han activado planes de contingencia. ¿Considera que el Ecuador está preparado para afrontar un fenómeno de esta magnitud?
Lamentablemente, Ecuador no está preparado. Y no lo está ni a nivel de infraestructura ni de organización social. Nos hemos "despreparado" porque nos cuesta aceptar que vivimos en un territorio expuesto a múltiples amenazas: terremotos, inundaciones y sequías. Debemos entender que el impacto real no depende tanto de la fuerza de la naturaleza, sino de la vulnerabilidad de nuestras obras y de la respuesta de las instituciones y la sociedad civil.
Hoy estamos mucho menos preparados que en 1997-1998. La deforestación es alarmante; por ejemplo, en Manabí se pierden unas 16.000 hectáreas de bosque al año. Además, en los noventa éramos unos 11 o 12 millones de habitantes; hoy bordeamos los 20 millones. Las ciudades han crecido de forma completamente desordenada, con un pésimo uso del suelo, sistemas de alcantarillado deficientes, asfalto de mala calidad y carreteras con obras de drenaje obsoletas.
Miremos lo que pasó recientemente: tuvimos un año prácticamente seco donde solo llovió con fuerza durante 20 días entre febrero y marzo. Bastaron esos 20 días para registrar deslaves, puentes colapsados, decenas de fallecidos y cientos de hectáreas de cultivos perdidas. Si nos enfrentamos a un escenario similar al de 1997, con 120 días continuos de lluvias de diciembre a junio, las consecuencias serán gravísimas.
Esto no es culpa exclusiva de las autoridades de turno; es la acumulación de décadas de displicencia, negligencia y una total falta de respeto hacia la naturaleza por parte de la sociedad. Construimos sobre dunas de arena, al borde de acantilados, en laderas inestables o sobre el cauce natural de los ríos, y las autoridades locales otorgan los permisos.
Ante este panorama de vulnerabilidad local, ¿cuál debería ser el rol de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y de los ciudadanos?
El Gobierno Central tomó una decisión muy acertada al declarar la alerta amarilla hace meses. Su rol actual es exigir a los municipios que asuman su responsabilidad. Muchos cantones exigieron autonomía, y ser autónomos implica también ser responsables de la gestión de riesgos. Gran parte de las tragedias urbanas nacen de las malas administraciones municipales históricas, sin importar el partido político del alcalde.
Pero la ciudadanía también comparte la culpa por no cuidar su entorno, no reforestar y esperar a que ocurra la desgracia para recién reclamar. Al Gobierno le falta una tarea clave: hacer conciencia en el individuo, en la familia, en el barrio y en la parroquia.
Me resulta inconcebible que, ante la inminencia de este fenómeno, cantones grandes como Guayaquil, Manta, Machala o Santa Elena estén planificando festejos millonarios trayendo orquestas internacionales. Ese dinero debería invertirse de inmediato en obras de prevención y mitigación. El fenómeno en el Pacífico ya es irreversible; lo único que podemos mitigar es su impacto en tierra.
Afortunadamente, mis modelos muestran un factor esperanzador. Por encima de El Niño existe un ciclo climático mayor llamado Oscilación Interdecadal del Pacífico (PDO, por sus siglas en inglés). Cuando la PDO está en fase positiva, los impactos de El Niño aquí son devastadores (como ocurrió en 1939, 1982, 1986 y 1997). En cambio, cuando la PDO es negativa, el impacto en nuestras costas tiende a ser significativamente menor (como en 2015 y 2023). Actualmente estamos en una fase de PDO negativa que se mantendrá todo el año. Por ello, el impacto en Ecuador podría no ser tan dramático, aunque la ciencia siempre tiene un margen de error.
Usted enfatiza la necesidad de invertir en prevención y concienciación en zonas de riesgo. Históricamente, la Costa sufre estos embates de manera cíclica. ¿Debería institucionalizarse un fondo de contingencia obligatorio para estos eventos?
La creación de un fondo de contingencia es una idea maravillosa, pero debe empezar desde el ámbito privado y familiar. Todos los ciudadanos, las universidades y las empresas deberíamos tener un ahorro reservado para emergencias. Prepararse implica impermeabilizar las paredes de la casa, revisar los techos, limpiar las alcantarillas comunitarias, asegurar alimentos no perecedibles, medicinas y vestimenta adecuada. No podemos esperar con la mano tendida a que el Estado resuelva todo.
A nivel institucional, los municipios y el Estado Central están obligados a mantener fondos de contingencia millonarios. Lamentablemente, hace unos 15 años un gobierno eliminó las cuentas de reserva que se alimentaban de los excedentes petroleros. Ese fue un pésimo ejemplo técnico y político. Los fondos de contingencia deben ser una exigencia legal para las instituciones, especialmente porque los municipios suben los impuestos constantemente, pero a menudo priorizan el gasto en festejos en lugar de la resiliencia urbana.
Yo provengo de un entorno muy humilde en Calceta, Manabí. Recuerdo que mi abuelo, el jefe de la casa, empezaba a prepararse cada octubre o noviembre: compraba caña para asegurar las paredes y construir una balsa, renovaba el techo de cade y negociaba con anticipación el pastoreo de sus animales en las tierras altas del vecino antes de que los precios subieran por la emergencia. A nosotros nos ponía a limpiar los gallineros para evitar que las aves murieran en las inundaciones. Esa cultura de la prevención y la resiliencia es la que hemos perdido como país y la que necesitamos recuperar con urgencia. El Gobierno debe liderar e incentivar que la sociedad civil "se ponga las pilas", porque proteger la vida y la propiedad es una responsabilidad compartida.
