El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, ratificó este 15 de abril de 2026 que continuará convocando a sesiones del Pleno en distintas provincias del país, pese a las críticas por los costos y la logística. Olsen justificó que cada desplazamiento del Legislativo fuera de su sede habitual en Quito representa un gasto aproximado de USD 30.000, valor que defendió como una inversión necesaria para que la ciudadanía se sienta más cerca de la institución.

Desde finales de febrero hasta inicios de abril de 2026, el Legislativo ha cumplido nueve jornadas en localidades de Guayas, Azuay y El Oro. Tras las declaraciones iniciales del titular del Parlamento, la institución aclaró que el monto de USD 30.000 corresponde al desplazamiento total a cada localidad —incluyendo pasajes y viáticos para funcionarios, seguridad y asambleístas— y no a un costo por cada sesión individualizada.

Críticas de la oposición por falta de cercanía

La postura de la presidencia ha encontrado resistencia en diversas bancadas legislativas. La asambleísta Mariana Yumbay, de Pachakutik, cuestionó la validez de estos gastos frente a las crisis de salud y seguridad que atraviesa el país. Según Yumbay, los desplazamientos no cumplen su objetivo de contacto ciudadano, denunciando que los legisladores terminan "encerrados" en sedes universitarias bajo estrictos operativos de seguridad sin interactuar con la población.

En la misma línea, Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano (PSC), señaló que no se ha justificado técnicamente la "excepcionalidad" que exige la Constitución para sesionar fuera de Quito. Serrano sugirió que el costo real operativo para el área administrativa de la Asamblea podría ser incluso superior a las cifras reveladas por Olsen, calificando de nulo el aporte de estas movilizaciones para el acercamiento real con los pobladores locales.

Pedidos de evaluación y agenda territorial

Desde la bancada de Revolución Ciudadana (RC), la legisladora Viviana Veloz recomendó realizar una evaluación técnica de los resultados obtenidos hasta la fecha. Veloz abogó por la creación de una agenda territorial real que evite el "encapsulamiento" de la Asamblea en sitios específicos y recordó que, bajo su gestión, las salidas de la sede se limitaron a sesiones solemnes o casos de emergencia específicos, como desastres ambientales.

A pesar de los cuestionamientos por los costos de trasladar la Asamblea, la administración actual mantiene en firme el calendario de movilizaciones. El debate sobre el uso de recursos públicos para la descentralización de las sesiones legislativas persiste, mientras los sectores críticos exigen que la prioridad se enfoque en la eficiencia del gasto y en la generación de leyes que respondan directamente a las problemáticas expuestas por la ciudadanía en cada provincia visitada.