El juicio penal por el denominado Caso Triple A, proceso judicial que investiga una presunta red de comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos en el país, ingresó este domingo 26 de julio de 2026 en su fase definitiva dentro de las instalaciones del Complejo Judicial Norte, en la ciudad de Quito.
Tras intensas jornadas dedicadas a la presentación de pruebas por parte de los abogados defensores de los 15 procesados naturales y seis personas jurídicas involucradas en la causa, el Tribunal Penal de Juzgamiento se alista para dar paso a la etapa de alegatos finales.
La expectativa central de la audiencia recae en el testimonio del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, señalado como el principal implicado en la investigación. El funcionario tiene previsto rendir su versión de manera telemática desde la cárcel del Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena, luego de que el juzgado negara su solicitud formal para asistir presencialmente a la capital.
Audiencia por Caso Triple A se desarrolla en Quito
En el transcurso de las diligencias, el Tribunal de Juzgamiento también resolvió negar el pedido presentado por la empresa procesada FuelCorp S.A., la cual solicitaba la comparecencia del fiscal general subrogante, Carlos Alarcón, en calidad de testigo. Los jueces fundamentaron la decisión explicando que el fiscal intervino inicialmente en la causa, razón por la cual la normativa legal vigente le impide actuar como testigo en el mismo proceso penal.
Durante el fin de semana, la estrategia técnica de los equipos jurídicos de la defensa se enfocado en intentar desmantelar la teoría del caso expuesta por la Fiscalía General del Estado. Este domingo, los representantes legales intentaron justificar los volúmenes masivos de venta de combustibles asignados a una sola placa vehicular.
La defensa de los imputados reiteró su reclamo
Sobre este punto, Fausto V., procesado y propietario de una estación de servicio en Loja, argumentó en la audiencia que dicha concentración de datos respondía a una imposición de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), cuyos técnicos supuestamente exigían consolidar los despachos de instituciones públicas bajo una misma identificación vehicular.
En paralelo a la discusión técnica, la defensa de los imputados reiteró su reclamo por la ausencia de Nicole B., exfuncionaria de la ARCH y denunciante original del proceso, cuyo paradero actual se desconoce.
Los abogados defensores han insistido en su comparecencia presencial, argumentando que su testimonio resulta clave para esclarecer las presuntas presiones que, según su versión ampliada, habría recibido para modificar el informe técnico inicial que dio origen a la causa.
