La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social continuó el análisis del Proyecto de Ley Orgánica de Agilización Judicial para la adopción. Durante la sesión, padres adoptivos expusieron la situación de miles de niños y adolescentes que permanecen en casas de acogida mientras esperan integrarse a una familia.
La comparecencia reunió a John Vargas y Jenny Fernández, quienes compartieron experiencias relacionadas con los prolongados procesos judiciales y administrativos de adoptabilidad.
Los comparecientes insistieron en que el debate debe centrarse en el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Además, alertaron sobre las consecuencias emocionales que provoca la institucionalización prolongada.
Adopción y retrasos judiciales preocupan a familias
Jenny Fernández explicó que su intervención no buscó representar únicamente a quienes desean adoptar. Según indicó, la prioridad debe enfocarse en los menores que pasan años esperando un hogar definitivo.
"Los adultos podemos esperar, pero los niños no pueden esperar", afirmó durante la sesión legislativa. La madre adoptiva recordó que detrás de cada expediente existen historias marcadas por abandono, violencia o experiencias traumáticas.
Fernández señaló que cerca del 71 % de menores institucionalizados permanece más de cuatro años esperando una declaratoria de adoptabilidad. Durante ese período, muchos enfrentan afectaciones emocionales y rupturas constantes de vínculos afectivos.
También indicó que actualmente existen más de 2.300 niños y adolescentes en acogimiento institucional. Sin embargo, apenas unos 255 cuentan con declaratoria de adoptabilidad dentro del sistema ecuatoriano.
Procesos de adopción impactan el desarrollo infantil
John Vargas expuso el impacto psicológico y emocional que generan los largos trámites de adopción. Según explicó, diversos estudios muestran que cada año de institucionalización puede provocar retrasos de aproximadamente cuatro meses en el desarrollo integral de un menor.
El compareciente relató que sus hijas atravesaron más de seis años entre investigaciones y procesos judiciales antes de integrarse a un entorno familiar estable. Durante ese tiempo, enfrentaron constantes evaluaciones administrativas y cambios de entorno.
Además, advirtió que las probabilidades de adopción disminuyen considerablemente cuando los niños superan los 10 años. Muchas familias, según explicó, prefieren adoptar menores de corta edad.
Los padres adoptivos pidieron que los jueces impulsen y concluyan con mayor rapidez los procesos de adoptabilidad. A criterio de los comparecientes, la demora judicial afecta directamente la estabilidad emocional y el futuro de los menores.
Adopción y protección infantil centran debate legislativo
El proyecto de ley busca introducir mecanismos para agilizar trámites judiciales y administrativos relacionados con la adopción. La propuesta también pretende reducir retrasos que actualmente mantienen a cientos de niños en instituciones de acogida.
Durante la sesión, los comparecientes insistieron en que la prioridad debe ser garantizar el derecho de los menores a crecer en un entorno familiar seguro y afectivo. Además, solicitaron que las decisiones judiciales se ejecuten con mayor celeridad.
La Comisión de Transparencia continuará recibiendo aportes técnicos y testimonios antes de elaborar el informe correspondiente para el trámite legislativo. El debate ocurre mientras organizaciones sociales y familias adoptivas reclaman cambios estructurales en el sistema.
En Ecuador, los procesos de adoptabilidad suelen extenderse durante varios años debido a investigaciones, trámites administrativos y resoluciones judiciales. Frente a ese escenario, padres adoptivos consideran urgente fortalecer mecanismos que reduzcan tiempos y prioricen el bienestar infantil.
"El objetivo debe ser que los niños lleguen oportunamente a una familia", sostuvo Vargas durante su intervención ante la comisión legislativa.
