La Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional será la encargada de elaborar el primer informe del proyecto de Ley Antimafias, una iniciativa legislativa que busca fortalecer las capacidades institucionales del Estado frente al crimen organizado y las estructuras delictivas que operan en Ecuador.
Mishel Mancheno presentó el proyecto de Ley Antimafias
El proyecto fue presentado por la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, y fue calificado para trámite legislativo por el Consejo de Administración Legislativa (CAL). La propuesta contempla reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), la Ley Orgánica de Extinción de Dominio y el Código Orgánico de la Función Judicial, con el objetivo de fortalecer la respuesta estatal frente a organizaciones criminales.
La iniciativa incorpora nuevos tipos penales relacionados con la delincuencia organizada, entre ellos el delito autónomo de pertenencia a organizaciones criminales, con penas diferenciadas según el nivel de participación dentro de estas estructuras.
Nuevos delitos y endurecimiento de sanciones
Entre las reformas planteadas se incluye la tipificación del reclutamiento de personas para organizaciones delictivas y la sanción a quienes faciliten infraestructura, bienes o logística para el funcionamiento de grupos criminales.
Asimismo, el proyecto propone modificar los delitos relacionados con el almacenamiento, transporte y comercialización ilegal de hidrocarburos, incorporando agravantes cuando estas actividades estén vinculadas a organizaciones delictivas.
Otro de los puntos destacados es la inclusión de reglas especiales para la valoración del riesgo procesal en casos de crimen organizado, así como mecanismos que permitan fortalecer las medidas cautelares y la administración de bienes incautados durante las investigaciones.
Reformas judiciales y alcance de la propuesta
La propuesta legislativa también plantea reformas a la Función Judicial. Entre ellas figura la incorporación como falta gravísima de la omisión de motivación reforzada en decisiones relacionadas con prisión preventiva cuando la ley así lo exija.
Además, contempla la inhabilitación permanente para ejercer la abogacía de quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con crimen organizado, lavado de activos, corrupción u obstrucción de la justicia en el ejercicio profesional.
Según la exposición de motivos, el proyecto busca pasar de un modelo centrado en la sanción individual a una estrategia orientada a desarticular las capacidades financieras, operativas y logísticas de las organizaciones criminales.
Próximos pasos en la Asamblea
La Comisión de Seguridad Integral iniciará el análisis de la propuesta y deberá elaborar el informe para primer debate. Durante esta etapa se prevé la recepción de observaciones de instituciones públicas, expertos y actores relacionados con la seguridad y la administración de justicia.
De ser aprobado por la Asamblea Nacional, el proyecto introduciría cambios significativos en el marco jurídico ecuatoriano para enfrentar el crimen organizado y fortalecer las herramientas legales del Estado en materia de seguridad.
