La Unión Nacional de Educadores (UNE) alertó públicamente sobre el incremento de amenazas de muerte y extorsiones dirigidas contra docentes, directivos y estudiantes en diversas unidades educativas de Ecuador. La denuncia, presentada este mes, expone una grave situación de inseguridad en los planteles, principalmente en Guayaquil, donde grupos delictivos exigen pagos económicos mediante amedrentamientos digitales.
De acuerdo con la organización gremial, el caso más reciente involucra amenazas directas a profesores, padres de familia y alumnos de una institución guayaquileña. Para respaldar la acusación, la UNE difundió capturas de pantallas de chats de WhatsApp donde se evidencia cómo los docentes reciben mensajes intimidatorios provenientes de números telefónicos con registros de Chile y Colombia.
La UNE ha presentado a varias denuncias
En estas comunicaciones, delincuentes no identificados exigen sumas de dinero a cambio de no atentar contra la integridad física de las víctimas o de sus familiares, aludiendo nexos con bandas criminales organizadas como "La Mafia" y los "Gota a Gota Colombianos".
La gravedad de la situación también afecta a las autoridades de los planteles. La UNE detalló que varios rectores han sido víctimas de extorsión bajo amenazas de detonar artefactos explosivos en las escuelas, cometer asesinatos y decapitaciones, atentar contra la vida de los estudiantes, divulgar información de carácter íntimo o levantar falsas denuncias por supuestos delitos de abuso sexual dentro del ámbito escolar.
Estas acciones buscan forzar la entrega inmediata de recursos económicos bajo un constante clima de terror. Frente a esta problemática, el gremio docente ha presentado una serie de exigencias formales dirigidas al Gobierno Nacional. Entre las peticiones prioritarias se encuentra la restitución urgente del resguardo policial y la aplicación de medidas de protección efectivas en los centros educativos catalogados de mayor riesgo.
Presencia de grupos criminales cerca de los planteles
Asimismo, la UNE solicita el diseño e implementación de un plan nacional integral de seguridad enfocado en el sistema educativo, así como una respuesta investigativa inmediata ante los reportes de intimidación. Adicionalmente, demandan acciones gubernamentales concretas para combatir la venta de drogas al menudeo y neutralizar la presencia de estructuras criminales en los alrededores de los planteles.
Este pronunciamiento se produce en un escenario de creciente violencia que ya ha cobrado vidas en el magisterio ecuatoriano. Durante su intervención, la UNE expresó su profunda solidaridad y condena ante los recientes asesinatos de las docentes Adriana Sáenz, ocurrido el pasado 1 de julio de 2026 en Quito, y de Diana Carchi Mendia, registrado el 9 de julio de 2026 en la localidad de El Guabo, hechos que evidencian la urgencia de atender la crisis de seguridad que golpea al sector educativo del país.
