Un juez de Garantías Penales dictó prisión preventiva para policías tras ser detenidos por presuntamente estar vinculados a la ejecución de falsos operativos de control. Los uniformados habrían utilizado su cargo para sustraer objetos bajo la modalidad de "incautaciones" en el sector de Colinas de la Alborada, en el norte de Guayaquil, aprovechando el contexto actual de toque de queda y estado de excepción que rige en el país.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el proceso se sustenta en la presunta participación de los agentes en los delitos de robo, tráfico de armas y tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Entre los procesados se encuentran elementos en servicio activo pertenecientes a la Dirección de Muertes Violentas (Dinased), lo que ha generado una reacción inmediata dentro de la estructura institucional.

Tods los detenidos son policías activos

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el modus operandi de los implicados consistía en realizar intervenciones simuladas en domicilios y establecimientos. Los objetos supuestamente incautados en estos procedimientos no eran reportados a las cadenas de custodia oficiales, sino que eran trasladados y ocultos en un galpón privado ubicado en la misma ciudad.

Durante la ejecución de las órdenes de allanamiento lideradas por unidades especializadas, las autoridades hallaron en el inmueble privado una serie de elementos que los policías no pudieron justificar. El reporte oficial detalla el hallazgo de drogas, dinero en efectivo, varios celulares, armamento y municiones de diversos calibres.

La falta de registros legales sobre estas posesiones fortaleció la teoría del caso de la Fiscalía, derivando en la medida cautelar de prisión preventiva mientras avanza la etapa de instrucción fiscal. Este caso no representa un hecho aislado en el historial reciente de la fuerza pública ecuatoriana.

En Manabí se regisró un caso similiar en 2025

En la provincia de Manabí, siete uniformados enfrentan actualmente un proceso judicial similar por dirigir presuntos falsos allanamientos, caso por el cual recibieron prisión preventiva en el año 2025. La recurrencia de estos eventos ha puesto bajo la lupa los mecanismos de control interno de la Policía Nacional.

Se espera que, en los próximos días, la institución emita un pronunciamiento oficial sobre el proceso administrativo de separación de los involucrados, mientras la justicia ordinaria determina su responsabilidad penal en los delitos de tráfico y robo agravado que enfrentan en este 2026.