La exjueza anticorrupción Gabriela Lara Tello enfrentará este 4 de marzo, a las 14:00, una audiencia de formulación de cargos por presunto enriquecimiento ilícito en Quito, dentro de una causa que se desprende del caso Fachada y que investiga la Fiscalía por posibles actos irregulares en la función judicial.

Audiencia y antecedentes disciplinarios

El proceso penal se tramita ante el juez Lauro Fernando Sánchez, de la Unidad Especializada en Delitos de Corrupción y Delincuencia Organizada. La Fiscalía impulsa la causa tras recopilar elementos en el denominado caso Fachada.

El 24 de febrero, el presidente encargado del Consejo de la Judicatura, Damián Larco, junto a los vocales Magaly Ruíz, Fabián Fabara y Alfredo Cuadros, resolvió destituir a Lara y al juez Christian Quito. El organismo consideró que existían elementos que evidenciarían una infracción disciplinaria gravísima. La investigación disciplinaria se vinculó con el caso Fachada, en el cual se indaga un presunto intento de alterar la situación jurídica de personas detenidas relacionadas con el grupo delictivo Comandos de la Frontera.

Operativo del caso Fachada

El 16 de enero de 2025, la Fiscalía General del Estado ejecutó allanamientos contra los entonces jueces Lara y Quito. La institución señaló que actuó "luego de determinar que existían indicios suficientes que sugerían un posible plan premeditado para alterar la situación jurídica de dos personas detenidas".

Durante los operativos, los agentes incautaron $ 92.000 en efectivo, documentos, teléfonos celulares y computadoras. La Fiscalía informó que el dinero se halló en una caja de zapatos dentro de uno de los inmuebles intervenidos. El caso Fachada se relaciona con un presunto intento de beneficiar a los hijos de Roberto Carlos Álvarez Vera, alias Gerente, señalado como cabecilla en Ecuador de los Comandos de la Frontera.

Contexto penal y normativa aplicable

Alias Gerente fue extraditado desde Emiratos Árabes a finales de diciembre de 2025. Según la Fiscalía, enfrenta procesos por lavado de activos y delincuencia organizada. Actualmente permanece detenido en la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena. El delito de enriquecimiento ilícito está tipificado en el artículo 279 del Código Orgánico Integral Penal. La norma establece penas de siete a diez años de prisión cuando el incremento patrimonial injustificado supera 400 salarios básicos unificados.

La ley también dispone sanciones de cinco a siete años si el incremento supera 200 y no alcanza 400 salarios básicos, y de tres a cinco años cuando no excede 200 salarios básicos. La disposición incluye incrementos derivados de cancelación de deudas u otras obligaciones.

Informes internos y restituciones previas

En agosto de 2025, un informe interno del Consejo de la Judicatura recomendó declarar inocentes a Lara y Quito. El documento se habría presentado a la vocal Magaly Ruíz y fue elaborado por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario durante la presidencia de Mario Godoy.

Actualmente, el equipo técnico que emitió ese informe enfrenta un sumario administrativo. En abril de 2025, la Dirección Provincial de Pichincha solicitó la suspensión de los funcionarios judiciales. El pleno aceptó la suspensión el 11 de junio. Tres meses después, ambos jueces fueron restituidos en sus cargos antes de su destitución definitiva. Gabriela Lara integró el Tribunal de Juzgamiento del caso Triple A, proceso por presunto tráfico ilícito de combustibles. En esa causa figura entre los procesados el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.