El femicidio de Agostina Vega, una adolescente de 14 años hallada descuartizada en la provincia de Córdoba, provocó una ola de indignación en Argentina a pocos días de una nueva marcha del movimiento Ni Una Menos. El principal sospechoso, Claudio Barrelier, de 33 años y expareja de la madre de la víctima, fue imputado por homicidio agravado por violencia de género.
Aquello se dio luego de que las autoridades encontraran los restos de la menor en un predio de la periferia de la ciudad, finalizando una semana de intensa búsqueda institucional y comunitaria. La reconstrucción de los hechos determinó que la adolescente salió de su casa la noche del 23 de mayo de 2026 y no regresó.
Principal sospechoso del femicidio
La última persona que la vio con vida fue un taxista identificado como Ariel, quien la trasladó hasta el punto de encuentro donde la esperaba Barrelier. Según el relato del conductor, la joven le manifestó que iba a reunirse con el entonces novio de su madre para preparar una sorpresa.
Los registros audiovisuales confirmaron el ingreso de la menor a la vivienda del acusado esa misma noche, lugar donde la Fiscalía sostiene que ocurrió el crimen pocas horas después por asfixia. Posteriormente, el seguimiento de un vehículo vinculado al sospechoso permitió a los investigadores reconstruir sus movimientos hasta el sitio del hallazgo.
Los peritos forenses detectaron también indicios de abuso sexual, aunque los exámenes biológicos continúan en desarrollo debido al estado en que fue encontrado el cuerpo de la víctima. La conmoción nacional creció significativamente al divulgarse que Barrelier poseía antecedentes penales recientes.
Muestra de fallas institucionales graves
En 2025, el imputado había sido detenido tras una denuncia por privación ilegítima de la libertad agravada, vinculada al escape de una mujer de su vivienda que se encontraba atada y pidiendo ayuda; no obstante, el hombre recuperó la libertad bajo medidas judiciales laxas.
Este antecedente específico ha sido señalado por organizaciones feministas como una muestra de las fallas institucionales graves para prevenir hechos de violencia extrema contra mujeres y niñas en situación de riesgo.
Este caso coincide con la preparación de una nueva movilización anual del movimiento Ni Una Menos, surgido en 2015 para visibilizar y denunciar los feminicidios en el país. Diversos colectivos y familiares convocaron de manera urgente a marchas en Córdoba y Buenos Aires para exigir justicia efectiva por Agostina Vega y reclamar reformas profundas en los protocolos de prevención del sistema judicial argentino.
