Luisa González, excandidata presidencial de la Revolución Ciudadana, confirmó este 5 de junio de 2026 el pago de una multa de USD 18.000 impuesta por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), luego de una actividad de recaudación organizada por simpatizantes en la provincia de Manabí, con el objetivo de reunir recursos para cubrir la sanción relacionada con las elecciones de 2023.
Luisa Gónzalez agradeció a los militantes en redes sociales
La confirmación fue realizada a través de sus redes sociales, donde la dirigente política agradeció a militantes y seguidores que colaboraron en la iniciativa. En su mensaje, destacó el respaldo recibido y reiteró su compromiso de continuar participando en la vida política nacional.
La actividad de recaudación consistió en una rifa organizada por simpatizantes de la Revolución Ciudadana en la parroquia Canuto, del cantón Chone, lugar de origen de González. Los boletos fueron comercializados a USD 5, y entre los premios ofrecidos figuraron una motocicleta, electrodomésticos y animales de granja.
El origen de la sanción electoral
La multa fue impuesta por el Tribunal Contencioso Electoral dentro de un proceso relacionado con el financiamiento y manejo económico de la campaña presidencial de 2023.
La sanción también incluyó a Andrés Arauz y Estefanía Molina, quien fue responsable del manejo económico de la organización política durante ese proceso electoral. Según la resolución, los involucrados fueron considerados responsables solidarios respecto a las obligaciones determinadas por la autoridad electoral.
El TCE estableció que el monto debía ser cubierto de manera total o compartida entre los sancionados, conforme a las disposiciones emitidas en la sentencia correspondiente.
Recaudación y respaldo político
La rifa desarrollada en Manabí fue promovida por militantes y simpatizantes de la organización política con el propósito de aportar recursos para cancelar la multa. La actividad se realizó el 30 de mayo de 2026 y contó con la participación de seguidores de la excandidata.
En su pronunciamiento público, González agradeció el apoyo recibido y destacó la colaboración de quienes participaron en la iniciativa. La dirigente calificó la sanción como improcedente desde su perspectiva, aunque confirmó que el pago fue efectuado.
El caso se enmarca dentro de los procesos de control y fiscalización de recursos electorales que realizan los organismos competentes en Ecuador, respecto al financiamiento y gasto de campañas políticas.
