El Tribunal Popular Intermedio de Changzhou, en la provincia oriental de Jiangsu, condenó a muerte a Yang Youlin, exfuncionario municipal de la ciudad de Nankín, tras hallarlo culpable de recibir sobornos por un valor aproximado de 2.200 millones de yuanes (cerca de 320 millones de dólares).
El fallo judicial representa una de las penas más severas impuestas por delitos económicos y financieros en el país asiático durante los últimos años, marcando un precedente en la campaña contra la corrupción en la administración pública.
El exfuncionario, quien se desempeñó como subdirector ejecutivo del comité de gestión de la Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Nankín, fue procesado por una acumulación de cargos graves. Además del delito de cohecho, el tribunal determinó su responsabilidad penal en los delitos de malversación de fondos institucionales, apropiación indebida de fondos públicos, abuso de autoridad y operaciones de blanqueo de capitales a gran escala.
Confiscación absoluta de todos los bienes del exfuncionario
La sentencia dictada por la corte de Changzhou contempla una condena a muerte de carácter "acumulado". Esta resolución judicial priva formalmente a Yang de la totalidad de sus derechos políticos de por vida y ordena de manera simultánea la confiscación absoluta de todos sus bienes personales y activos financieros, de acuerdo con los reportes oficiales validados por el diario internacional South China Morning Post.
Las auditorías e investigaciones judiciales determinaron que las actividades delictivas de Yang Youlin se extendieron de forma ininterrumpida durante un periodo de tres décadas, comprendido específicamente entre los años 1993 y 2023. A lo largo de estos treinta años, el exfuncionario utilizó su posición jerárquica para prestar ayuda ilícita y otorgar ventajas operativas a diversas empresas privadas y a particulares dentro de la región.
El dictamen del tribunal determinó de manera verificable que el procesado manipuló de manera sistemática contratos de ingeniería civil, operaciones comerciales estratégicas, autorizaciones de transferencias de tierras estatales y transacciones financieras complejas.
El dinero confiscado pasará a las arcas del Estado
A cambio de estas concesiones arbitrarias, Yang percibía sobornos exorbitantes que superan con creces los montos registrados en la mayoría de los casos de corrupción previos en la nación, consolidándose como una de las mayores sumas monetarias de origen ilegal jamás fiscalizadas por un tribunal de justicia chino.
Finalmente, el tribunal ratificó que todas las ganancias y activos materiales obtenidos de forma ilícita por el exfuncionario han sido legalmente incautados por las fuerzas del orden y transferidos de forma íntegra a las arcas públicas del Estado.
La severidad de la condena reafirma la estricta política de tolerancia cero aplicada por el sistema judicial de la República Popular China frente a la malversación de fondos dentro de sus entidades de desarrollo económico regional.
