La presidenta de Perú, Dina Boluarte, promulgó este miércoles 13 de agosto la ley de amnistía que beneficia a policías, militares y miembros de grupos de autodefensa procesados por violaciones de Derechos Humanos durante el conflicto armado interno ocurrido entre 1980 y 2000. La decisión se adopta pese a una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que instó al país a abstenerse de implementarla.
En un comunicado oficial, la Presidencia afirmó que “con esta amnistía histórica Perú honra a sus defensores y rechaza con firmeza cualquier intromisión externa”. Dina Boluarte aseguró que el país “no abandona a sus defensores” y que “jamás permitirá que el sacrificio de quienes se enfrentaron a la violencia sea olvidado o castigado”.
Rechazo de organizaciones de derechos humanos
La ONG Human Rights Watch (HRW) criticó duramente la medida. Juanita Goebertus, directora para la División de las Américas, la calificó como “una traición a las víctimas” y sostuvo que “nunca debió ser promulgada y debería ser derogada”. Según HRW, la ley otorga impunidad a responsables de delitos graves, socavando décadas de esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas y debilitando el Estado de derecho.
Goebertus añadió que, con esta decisión, Perú “se une a Nicaragua, Venezuela y otros países que desafían el sistema interamericano de Derechos Humanos despreciando los derechos de las víctimas”.
Antecedentes legislativos y judiciales
El Congreso peruano aprobó el proyecto de ley a principios de julio. Posteriormente, la Corte IDH emitió una orden para que el Ejecutivo se abstuviera de aplicarlo. Esto, hasta determinar su compatibilidad con medidas previas que exigían investigar y sancionar los abusos cometidos durante el conflicto armado.
La Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación (CVR) documentó que, entre 1980 y 2000, aproximadamente 70.000 personas murieron. Asimismo, más de 20.000 fueron dadas por desaparecidas. Los tribunales peruanos han emitido sentencias definitivas en alrededor de 150 casos, mientras que más de 600 procesos continúan en curso.
Impacto y proyección
Analistas señalan que la entrada en vigor de esta ley podría frenar investigaciones judiciales en curso y cerrar procesos abiertos por delitos. Es decir, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas. Asimismo, podría generar tensiones diplomáticas con organismos internacionales y países miembros del sistema interamericano.
Por su parte, el Gobierno sostiene que la medida busca “restablecer la justicia” para quienes, en su opinión, actuaron en defensa del país frente a grupos armados insurgentes. Como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), durante el periodo de violencia interna.
La Corte IDH aún debe emitir una resolución final sobre la legalidad de la amnistía a la luz de las obligaciones internacionales de Perú. En tanto, organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales han anunciado que seguirán monitoreando el caso. Asimismo, evaluando posibles acciones para proteger los derechos de las víctimas y sus familias.
