Ante el inicio del nuevo año lectivo en la región Sierra y Amazonía, y para atender las denuncias de padres de familia por cobros excesivos, cambios de uniformes no justificados y compras dirigidas a proveedores específicos, el Ministerio de Educación de Ecuador implementó un conjunto de canales para denunciar irregularidades en planteles particulares y fiscomisionales.
Esta medida forma parte del Acuerdo Ministerial MINEDUC-2025-00030-A, que busca garantizar transparencia en los costos escolares y proteger el derecho de las familias a acceder a una educación justa y sin condicionamientos económicos indebidos.
“La normativa protege el derecho de las familias a escoger libremente proveedores y a tener información clara y accesible sobre costos escolares”, enfatizó un vocero del Ministerio de Educación.
¿Qué se considera un abuso escolar?
La normativa prohíbe acciones que limiten la libertad de los padres para elegir dónde comprar o que encarezcan injustificadamente la educación. Entre las principales prácticas irregulares están:
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Obligar a comprar en tiendas específicas o con proveedores exclusivos.
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Cambiar uniformes e imponerlos a estudiantes antiguos sin justificación.
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Cobros adicionales no informados previamente en listas oficiales.
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Falta de transparencia en costos de matrícula, pensión, materiales y servicios.
Estas situaciones pueden ser denunciadas si afectan la economía familiar o vulneran derechos educativos.
¿Cómo y dónde presentarse las denuncias?
El Ministerio de Educación ha activado varios mecanismos para facilitar la recepción de quejas de manera confidencial. Estos son los canales habilitados:
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Presencialmente: En el distrito educativo más cercano al domicilio.
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Teléfono gratuito: 1800 EDUCACION (1800-338222).
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Formulario web: https://educarecuador.gob.ec/denuncias
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Correos electrónicos:
Más control para el nuevo año lectivo
Una de las novedades más importantes del nuevo reglamento es la obligatoriedad para los colegios de publicar, durante todo el año, la información sobre sus costos educativos, lista de útiles, uniformes, servicios complementarios, misión y visión institucional. El incumplimiento de esta norma puede ser motivo de sanción si es denunciado por los padres de familia.
Para Mónica Anchundia, madre de dos niños que estudian en una institución fiscomisional en Manta (Manabí), este tipo de medidas llegan tarde, pero son necesarias. “A veces nos obligaban a comprar uniformes nuevos cada año, incluso si los anteriores estaban en buen estado. Y ni hablar de las listas de útiles con marcas específicas. Uno se siente presionado y sin opciones”, afirma. En su caso, los gastos de inicio de clases han llegado a representar hasta dos meses de su ingreso familiar, una situación común en muchas familias ecuatorianas, especialmente aquellas que viven del comercio informal o el trabajo independiente.
